Que los responsables públicos que se han vacunado sin respetar el orden sean multados.

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En una situación dramática como la que estamos viviendo es inadmisible que políticos, militares y muchos altos cargos se hayan saltado la normativa establecida. Deben ser sancionados con la mayor dureza prevista en la ley, tal como lo han sido miles de personas desde el inicio de la pandemia por motivos mucho menos graves.

Muchos de estos altos cargos, como el general Villarroya o el obispo Taltavull, han aprovechado su situación de privilegio para vacunarse, y han tenido que ser descubiertos por la prensa.

La única manera de acabar con el mal ejemplo es sancionarlo.