Persecución penal en España de la explotación reproductiva en el extranjero

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Los defensores, usuarios, agencias y lobistas de los vientres de alquiler se escudan en que, aunque no sea legal en España, sí lo es en otros países. Nos encontraríamos –afirman– ante la imposibilidad de perseguir penalmente en nuestro país una conducta llevada a cabo en países donde es legal. Dadas las escasas posibilidades de que se apruebe una ley a la medida de sus deseos, se jactan de estar aprovechándose de un supuesto limbo jurídico.

Sin embargo, por poner un ejemplo de persecución extraterritorial de actos cometidos fuera de nuestras fronteras, en 2005 se promulgó una Ley orgánica para poder perseguir en España la práctica de la mutilación genital femenina llevada a cabo en otros países. Esa modificación legislativa era necesaria porque, incluso hoy en día, en Chad, Liberia, Malí, Sierra Leona, Somalia y Sudán la ablación no es ilegal. De esta manera, se hacía posible condenar con pena de cárcel a los progenitores que, intentando esquivar las garantías del ordenamiento jurídico español, llevaran a sus hijas a ser mutiladas en alguno de esos países.

El alquiler de vientes no es legal en España porque "contraviene derechos humanos fundamentales de mujeres, niños y niñas recogidos en convenios y tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, en sus Artículos 3 y 6), la Convención de Naciones Unidas contra la Esclavitud (Art. 1), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 7, 9 y 35), el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2 a y 3), y el Protocolo Adicional de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional (Art. 3 a)", de acuerdo con la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV).

Por eso pido al gobierno que promueva una modificación legal por la que se añada un nuevo epígrafe h) al apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedaría redactado como sigue:

«4. Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. h) El alquiler de vientres, cuando sus responsables residan en España. i) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.»