Permiso retribuido para acompañar a un hijo/a menor a una cita médica

Permiso retribuido para acompañar a un hijo/a menor a una cita médica

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Baldo Mero ha iniciado esta petición dirigida a Gobierno de España y

                                                         RESUMEN

Actualmente, el derecho de un/a trabajador/a para acompañar a una cita médica a un/a hijo/a menor de edad no está regulado como permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores. En ausencia de mejor acuerdo en el convenio, éste/a deberá recuperar las horas.

La Constitución Española y el Código Civil establecen que el padre y la madre están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos, entendiendo por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, incluyendo la asistencia médica. El hecho de que esta situación no se reconozca como permiso retribuido puede suponer un menoscabo al derecho a la vigilancia y cuidado de la de la salud del/la menor, ya que dependiendo de su grado de autonomía puede necesitar de sus padres/madres/tutores para acudir al médico; los cuales encuentran una limitación para ejercer sus obligaciones.

Esta circunstancia se torna más grave en el caso un colectivo vulnerable, como es el de los menores con discapacidad y sus familias. Acompañar a un menor a un programa de atención temprana tampoco está recogido en el Estatuto de los Trabajadores como permiso retribuido a pesar de la importancia de estos programas en el desarrollo posterior del niño/a, debido a la flexibilidad y plasticidad de las estructuras fisiológicas y psicológicas del mismo en esa etapa, posibilitando su integración en la sociedad. En este caso, se hace aún más indispensable la figura del padre, madre o tutor/a como acompañante del menor a las citas de atención temprana que no puedan tener lugar fuera del horario laboral; y es por ello que con más razón debería recogerse de manera expresa como permiso retribuido. El legislador debe tener en cuenta las mayores obligaciones y responsabilidad de los padres, madres y/o tutores/as de los menores discapacitados, en base a la mayor vulnerabilidad y necesidades especiales de los mismos. Por otra parte, no resulta comprensible que el traslado de domicilio habitual constituya un permiso retribuido para los/as trabajadores/as, mientras que cumplir con su deber como progenitores/as para con sus hijos/as menores no lo sea.

Además, España se encuentra a la cabeza de la UE en insatisfacción con la conciliación laboral. Los españoles se encuentran entre los que menos concilian y los que menos reparten entre hombre y mujer las bajas para el cuidado de los hijos.

La legislación debe adaptarse y evolucionar al momento y circunstancias concretas de la realidad social. Ahora la sociedad demanda seguir mejorando los derechos de los trabajadores en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar. Por todo lo expuesto, esta petición tiene como objetivo que se incluya en el Estatuto de los Trabajadores como permiso retribuido, durante el tiempo indispensable y siempre que éstas no puedan tener lugar fuera del horario laboral, acompañar a un hijo/a menor de edad a una consulta médica, así como a los programas de atención temprana si el bienestar del niño/a lo requiere; no sólo en aras de avanzar una mejora de la conciliación y la igualdad, ya que aumentaría a frecuencia con la que los hombres se acogen a permisos relacionados con la familia, sino en el sentido de buscar el bien superior del niño/a amparando el disfrute de sus derechos

                                           EXPOSICION DE MOTIVOS

                                                              I

Actualmente, el derecho de un/a trabajador/a para acompañar a una cita médica a un/a hijo/a menor de edad no está regulado como permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores. En ausencia de un mejor acuerdo en el convenio, deberá recuperar las horas de ausencia en el trabajo.

Hay que partir del hecho que la protección de la salud constituye un derecho fundamental reconocido en la Constitución (art. 43). Dependiendo del grado de autonomía del menor, puede necesitar de sus padres y/o madres o tutores/as para el ejercicio del mismo mientras no puede valerse por sí sólo/a, pudiendo darse el supuesto que estas citas no puedan tener lugar fuera el horario laboral de los padres y/o madres o tutores/as. El hecho de que no se reconozca expresamente como permiso retribuido en el Estatuto de los Trabajadores puede suponer un menoscabo al derecho a la vigilancia y cuidado de la de la salud del/la menor.

Las obligaciones de los padres/madres para con los hijos quedan patentes en la Constitución Española, en el artículo 39.3 donde se establece que “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”, así como en los artículos 110 y 142 del Código Civil donde se establece que el padre y la madre están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos, entendiendo por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, incluyendo la asistencia médica.

Por último, la Constitución Española establece en el artículo 39.1 que “los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia”.

De la lectura de los citados artículos se desprende la voluntad del legislador por dotar al menor y a su familia de un adecuado marco jurídico de protección. Este compromiso se recoge también en los diversos Tratados Internacionales ratificados por España, como la Declaración de Derechos del niño de 1959, la Convención sobre los derechos del niño de 1989 (CDN) y la convención de las personas con discapacidad de 2006 (CNUDPD). Según el artículo 96.1 de la Constitución Española, “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”.

La CDN recoge que los estados partes buscarán siempre el interés superior del niño. Cabe citar especialmente los artículos 3 y 24 de la CDN, que establecen que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.” y “Los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”, respectivamente.

Este espíritu se pone de manifiesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. Según lo dispuesto en los artículos 11.1 y 11.2 de la misma, es  deber de las Administraciones publicas facilitar a los menores la asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta las necesidades del menor al ejercer sus competencias; debiendo ser en todo caso la supremacía del interés del menor, entre otros, un principio rector de la actuación de los poderes públicos (11.2). Además, el artículo 12.2 añade que “los poderes públicos velarán para que los padres, tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y facilitarán servicios accesibles en todas las áreas que afectan al desarrollo del menor.

                                                                 II

Hay, no obstante, colectivos que pueden necesitar un apoyo más intenso en cuanto a la protección de sus derechos. Dentro de estos colectivos se encuentran los menores con discapacidad y sus familias. Es esencial garantizar que los menores con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los estados partes en la convención sobre los derechos del niño.

A este respecto, el Estado reconoce la especial vulnerabilidad y necesidad de protección que las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba la Ley General de derechos de las personas con discapacidad), ya que entiende que esta discapacidad obstaculiza su desarrollo personal, y manifiesta su voluntad y compromiso de adoptar las medidas necesarias, incluidas las legislativas, y realizar los ajustes razonables y modificaciones normativas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y eliminar cualquier situación que constituya una discriminación contra las personas con discapacidad.

Esta ley incluye en su artículo 2 varias definiciones a tener en cuenta. Resulta interesante destacar que, cuando habla de igualdad, entiende la igualdad de oportunidades no sólo cómo la ausencia de toda discriminación, directa  indirecta, sino también como la adopción de medidas de acción positiva. A este respecto, define las medidas de acción positiva como “aquellas de carácter específico consistentes en evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.”.

También, la LGDPD recoge en su artículo 11 que “La prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades constituye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de los servicios sociales”. Para ello, la propia LGDPD establece en su artículo 13 la atención integral y en su artículo 14 la habilitación o rehabilitación médico – funcional; Entendiendo por atención integral “los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y  su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado.”. La ley establece además que estos programas deberán comenzar en la etapa más temprana posible. Por otra parte, el objetivo de la rehabilitación médico-funcional habilitación es “conseguir la máxima funcionalidad de las capacidades físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Este proceso se inicia con la detección e identificación de las deficiencias y necesidades psicosociales de cada persona y continuará hasta la consecución y mantenimiento del máximo desarrollo y autonomía personal posible.”. Según lo dispuesto en esta ley, toda persona que presente alguna deficiencia en sus estructuras o funciones corporales o psicosociales tendrá derecho a beneficiarse de los procesos de habilitación o rehabilitación médico - funcional necesarios para mejorar y alcanzar la máxima autonomía personal posible y poder lograr con los apoyos necesarios su desarrollo personal y participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.

Dentro de la atención integral, se encuadran los programas de atención temprana. Según el Libro Blanco de la Atención temprana, “se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno que tienen como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos”. Este concepto es muy amplio, abarcando aspectos sanitarios, educativos y sociales, así como aspectos propios de la prevención terciaria (procesos terapéuticos de estimulación, fisioterapia, etc.). Hay que destacar la importancia de la atención temprana, debido a que en los primeros años de vida se sientan las bases de desarrollo de las capacidades fundamentales para el futuro del niño/a. Los procesos de maduración y desarrollo son posibles gracias a la interrelación del niño con el medio en las primeras edades y cobran especial relevancia en aquellos niños que presentan algún tipo de necesidad especial como consecuencia de alteraciones en su desarrollo o por deficiencias en su nacimiento. Las primeras edades constituyen un periodo vital, debido a la flexibilidad y plasticidad de las estructuras fisiológicas y psicológicas del niño y suponen un exponente decisivo para su desarrollo posterior. Cualquier anomalía de las capacidades debe ser compensada lo más prontamente posible a fin de evitar limitaciones en su posterior evolución. Estos programas de atención temprana permiten potenciar la capacidad de desarrollo y bienestar del niño, posibilitando su integración en el medio familiar, escolar y social y su autonomía personal. En este caso, se hace indispensable la figura del padre, madre o tutor/a como acompañante del menor a las citas de atención temprana, que no puedan tener lugar fuera del horario laboral. Sin embargo, actualmente persiste el mismo problema: acompañar a un menor a un programa de atención temprana, si este no puede tener lugar fuera del horario laboral, tampoco está contemplado en el Estatuto de los Trabajadores como permiso retribuido. Por tanto, nos encontramos de nuevo con que los padres, madres o tutores/as deben recuperar las horas empleadas en ejercer sus obligaciones para con el menor discapacitado. Esto se traduce en una discriminación indirecta hacia el menor, que puede ver limitado su derecho de acudir a estos programas, con todo lo que esto conlleva. Esta situación debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos. El hecho de darse simultáneamente ambas circunstancias, tratarse de un menor de edad y el factor de discapacidad, supone una mayor vulnerabilidad, y es por ello que con más razón debería recogerse de manera expresa como permiso retribuido. El impulso de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades así como la protección singularmente intensa de aquellas personas o grupos de personas especialmente vulnerables a la discriminación  corresponde al Estado, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer soluciones. El legislador debe tener en cuenta las mayores obligaciones y responsabilidad de los padres, madres y/o tutores/as de los menores discapacitados, en base a la mayor vulnerabilidad y necesidades especiales de los mismos así como para no obstaculizar su desarrollo personal. Si, como establece la CDN, en las modificaciones e iniciativas legislativas que se propongan una consideración primordial será la protección del interés superior del niño, más aún tiene que primar esta consideración cuando se trata de menores con discapacidad. 

Especialmente,  reconocer como permiso retribuido de los padres, madres y/ tutores acompañar a sus hijos/as a los programas de atención temprana supone una medida de acción positiva para hacer efectivos los derechos de los menores con discapacidad y garantizar su accesibilidad a los mismos, para que éstos adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal y lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, suponiendo además de una mejora en la conciliación de la vida personal y laboral. Además, esta modificación supondría también una medida de concienciación y sensibilización para la sociedad.

Es necesario remover las barreras que las personas con discapacidad siguen encontrando para participar en igualdad de condiciones en todas las dimensiones de la vida social, así como ampliar las normas que rigen el derecho a la salud deben ampliarse y extenderse de manera que la protección de la misma no sea una realidad incompleta.

                                                                 III

La legislación debe adaptarse y evolucionar al momento y circunstancias concretas de la realidad social. España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en insatisfacción con la conciliación laboral. Un 13% de los españoles está descontentos con la conciliación entre trabajo y vida personal, según el Eurobarómetro de 2018. Además, los españoles se encuentran entre los que menos concilian y los que menos reparten entre hombre y mujer las bajas para el cuidado de los hijos.

España es un país comprometido con la igualdad entre mujeres y hombres. No en vano, El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Posteriormente, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establece que la Unión debe apoyar y completar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, dado que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión.

Es por ello que el Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores, entre cuyos objetivos se encuentran aumentar la frecuencia con la que los hombres se acogen a permisos relacionados con la familia y a fórmulas de trabajo flexible y brindar a los trabajadores la posibilidad de obtener un permiso para cuidar de familiares que necesitan ayuda.

España, con objeto de con el fin de alcanzar esa igualdad real efectiva entre mujeres y hombres en nuestra sociedad, aprobó la Ley Orgánica 3/2007. Esta ley reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomenta una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares. La medida más innovadora para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es el permiso de paternidad que se estipula como un derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los supuestos de paternidad biológica como en los de adopción y acogimiento; así como mejoras en el permiso de maternidad.

Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo vino a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, remarcando el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; así como equiparando la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores.

La sociedad demanda seguir mejorando los derechos de los trabajadores en relación con la conciliación de la vida laboral y familiar. Las políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional deben contribuir a lograr la igualdad de género promoviendo la participación de las mujeres en el mercado laboral, el reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado de familiares entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades de género en materia de ingresos y salarios.

                                                                IV

No resulta comprensible que el Estatuto de los Trabajadores conceda  un permiso retribuido de un día por traslado de domicilio habitual mientras que no se contemple como tal situación acompañar a un hijo/a menor de edad a una consulta médica o a un programa de atención temprana. Es por ello que, considerando que las situaciones de permiso retribuido que se contemplan en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores responden al deseo del legislador de que las vicisitudes de escasa duración que impidan momentáneamente al trabajador la realización de su trabajo sean insuficientes para hacer que éste pierda su derecho retributivo, se articula la presente

                                                      PETICIÓN

Que se incluya de manera expresa, como permiso retribuido del padre/madre/tutor/a, durante el tiempo indispensable y siempre que éstas no puedan tener lugar fuera del horario laboral, acompañar a un hijo/a menor de edad a una consulta médica, así como a los programas de atención temprana si el bienestar del niño/a lo requiere; no sólo en aras de avanzar una mejora de la conciliación y la igualdad, ya que aumentaría a frecuencia con la que los hombres se acogen a permisos relacionados con la familia, sino en el sentido de buscar el bien superior del niño/a amparando el disfrute de sus derechos. Por último, hay que señalar que reconocer como permiso retribuido de los padres, madres y tutores/as acompañar a sus hijos/as menores a los programas de atención temprana supone una medida de acción positiva, así como también una forma de concienciación y sensibilización para la sociedad.

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