El Gobierno de España ha tomado la decisión de excluir de ayudas para educación a parte de la ciudadanía española, dirigiendo la totalidad de las mismas tan solo al colectivo de alumnado de los centros públicos. La escuela concertada pertenece al sistema de centros educativos sostenidos con fondos públicos y por tanto merece también esos fondos. A quién se discrimina en esta situación totalmente injusta y fuera de toda legalidad es al alumnado y sin ninguna base que lo justifique. Nuestros hijos no son alumnos de segunda clase, los padres contribuimos al sistema público como cualquier español/a a través de los , no pocos, impuestos que pagamos. Reclamemos lo que es nuestro, lo que es de nuestros hijos e hijas. Inversión en educación justa y equitativa, fuera sectarismos.