Como parte de los puntos que se establecieron en una primera carta de intenciones entre el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se planteó la posible venta de activos (instituciones del Estado).
Frente a este escenario Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, hizo algunos cálculos y puso precio a algunas instituciones públicas, a manera de ejercicio, según dijo, mientras aún ejercía el cargo.
En su lista incluyó al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), cuyo valor rondaría los $200 millones. También se puso al Banco de Costa Rica (BCR), cuyo precio andaría entre $800 millones y $1.200 millones. Además la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con un monto de entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) con $20 millones y sorpresivamente Kölbi (marca del ICE) por $1,2 millones. Esos activos no son sólo del gobierno sino del pueblo de Costa Rica y que se desista esa ventas de los bienes de la ciudadanía costarricense y que se recaude ese dinero efectivamente de los evasores fiscales del IVA (Impuesto de Ventas Adquirido) y otras formas sin llegar a la venta de esas instituciones que pertenecen a la ciudadanía y que Fondo Monetario Internacional (FMI) no interfiera en la soberanía y autonomía de Costa Rica.