Que el acceso a la energía eléctrica sea declarado como derecho humano y que por lo tanto, se regule su costo y cortes. Ante las exorbitantes sumas de las facturas de Epec y las pérdidas económicas, sociales y humanas que los cortes generan, se hace necesario que el Gobierno de Córdoba, escuche a sus ciudadanos. Por la situación de los jubilados, las familias bajo la línea de pobreza, los enfermos que necesitan de la energía para mantenerse con una buena calidad de vida, los trabajadores que han visto menguado su salario por la inflación, los niños y por toda la población de la provincia, necesitamos respuestas.

La petición tiene su base en la Res 65/151 en la que, la Asamblea General de Naciones Unidas  expresa que el Estado tiene la obligación de  asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población.