La lentitud y opacidad que envuelve el trámite de la jubilación de los trabajadores de las dependencias del gobierno del Estado de Puebla, no se admitiría en ninguno de los países con los que el estado mexicano tiene convenios en materia de derechos humanos. Lo que ocurre en Puebla de Zaragoza, México, encarna una perversa injusticia al reconocimiento de los años de trabajo en el servicio público, que ejecuta el director del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, ante la complacencia del Secretario del Trabajo del Estado de Puebla, al dejar de cumplir y dejar de hacer valer, respectivamente, el tiempo reglamentario que estipula la Ley Federal del Trabajo para jubilaciones. Diariamente concurren a las oficinas del ISSSTEP., entre cuarenta y cincuenta personas que la gestionan; éstos previamente aprobaron sus años de servicio frente a una tabla opaca que muchas veces los obliga a trabajar varios años más. Asisten a informarse del trámite administrativo que ya cumplieron desde hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y hasta siete años de antigüedad (no han salido acuerdos de 2015). Generalmente llevan cara de molestia al presentir la consabida respuesta del “todavía no sale el acuerdo”, por lo que vociferan con rabia los improperios por la angustia y la desesperación que provoca COVID 19, dada su incidencia en las personas mayores de edad y nivel económico precario; y en la espera de la jubilación se están muriendo sin recibir la prestación. Se trata de una situación de apremio que agravia los derechos humanos de esos servidores públicos.