El pasaporte sanitario y la vacunación obligatoria atentan contra la libertad de elección y garantía de los derechos constitucionales.

Creemos que cada persona es libre de decidir si vacunarse o no, sin verse alterados sus derechos (recreación, trabajo, libertad).

Las vacunas deben ser analizadas durante un período de 10 años para corroborar sus efectos sobre la salud a largo plazo. Además, aún no contamos con una investigación exhaustiva sobre cómo impactan a personas con diferentes enfermedades. Tal es el caso que ha sucedido, que varias personas han muerto tras la aplicación de la vacuna pero se ha atribuido como causa muerte una enfermedad preexistente alterando los datos estadísticos. En el siguiente enlace, uno de los casos más recientes https://www.infobae.com/politica/2021/06/11/murio-una-mujer-de-86-anos-luego-de-recibir-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-sputnik-v-2/

Aún desconociendo las consecuencias de la vacunación y no pudiendo llevarse a cabo el protocolo para hacerse obligatoria, exigimos que su aplicación sea de libre elección y que ello no sea requisito para trabajar o acceder a cines, teatros, bares, restaurantes, etc.