El Estado de Chile utiliza la Justicia como forma de persecución política. Es necesario que el Estado se querelle contra los culpables del caso de las AK-47 por ser una amenaza contra la población civil y el Estado de Derecho.  El usar la Ley de Seguridad del Estado para otros casos como tirar un huevo o romper un molinete del metro, y decir que no hay suficiente información en el tráfico de armas de guerra a cargo de civiles de derecha es un uso político y claramente persecución política en contra de quienes el gobierno de Chile cree que deben ser silenciados.  Pedimos que el Estado se querelle y se haga justicia frente a esta amenaza a la ciudadanía amparada desde el gobierno.