JUSTICIA

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Mi historia puede parecer la de una de tantas separaciones con hijos, donde las batallas por la custodia, manutención o régimen de visitas, se hacen interminables, haciendo imposible una relación, ya no digo amigable, sino de mínimo respeto y colaboración entre ambas partes, para poder dar a los hijos, siempre los únicos que no tienen culpa de lo sucedido, una estabilidad adecuada para un correcto desarrollo y educación.

Pero no, para mí no es un caso más de tantos que salen en los medios últimamente. Para mi hija y para mí, que lo llevamos viviendo desde el 2010 en primera persona, es la más dura y triste realidad, y la causa de que no tenga confianza alguna en la justicia de este país.

Tras verme en la necesidad de irme, con mi hija, del domicilio que compartía con mi expareja, hace ya 7 años, he tenido que sacarla adelante yo sola. El padre, que al principio aportaba lo que le correspondía, no tardó en comenzar a fallar en los pagos, haciéndome más complicado, si cabe, cubrir las necesidades básicas de la niña.

He facilitado siempre que pueda ver a su hija, cumpliendo el convenio establecido por el juez, e incluso, accediendo a que la viera y tuviera aun cuando no le correspondía. En cambio, su interés por la niña ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, hasta llegar al momento actual, donde apenas hace por verla y, cuando la tiene, trata de acortar al mínimo los periodos, argumentando que no puede tenerla más tiempo por su actitud, o comportamiento. Una niña de 9 años aún necesita seguirse educando, cosa que conozco de sobra el trabajo que lleva, pero parece que, dicha misión, solo es obligación mía.

El caso es que llevo intentando, desde el principio, dar a mi hija lþa estabilidad que necesita, y ahora tengo la posibilidad de hacerlo. Para ello he tenido que mudarme de municipio, a un lugar donde dispongo de todo lo necesario para crear un hogar estable, tranquilo, y donde tengo muchas más opciones de encontrar un trabajo que me permita cubrir las necesidades de mi hija.

El problema llega cuando intento matricular a la niña en el colegio del nuevo municipio, donde me piden una autorización del padre. Dado que he podido empadronarla y hacer todos los trámites necesarios para mudarnos, sin pega alguna, no logro entender que a la hora de matricular a mi hija, cuya custodia tengo, me pidan la firma del padre.

Y no hubiera sido problema si él, dado el poco interés mostrado en la niña, no hubiera puesto pegas al cambio, más cuando ella misma expresa claramente su deseo de cambiar de colegio, y poder así empezar a vivir esta nueva etapa de su vida, tan necesaria para ella.

El juzgado, que se supone que vela por el bien del menor, pero sin estudiar el caso para saber lo que realmente le conviene, expresa su negativa al cambio sin autorización del padre por un motivo de arraigo. No logro entender este argumento ya que no me mudo de país, ni siquiera de isla, solo me traslado a 40 min en coche de la residencia paterna, y hasta me he ofrecido a trasladar a la niña para cumplir con el régimen de visitas, pero la negativa se mantiene en un claro intento de impedirme lograr rehacer nuestras vidas.

Para mí es un más que evidente ejemplo de lo mal que funciona la justicia aquí, la cual permite que una persona, motivada por rencillas personales, anteponga sus interés personal, al bienestar de su propia hija. Luego, aun aportando pruebas de su dejadez en sus funciones como padre, no tiene consecuencia alguna, permitiéndole seguir poniendo trabas en mi lucha por el bienestar de la niña.

Por todo ello, escribo esta carta abierta, para que se conozca mi caso, que puede ser el de muchas madres que batallan en silencio contra una burocracia machista, aun cuando a los políticos se le llena la boca hablando de igualdad, derechos de la mujer, y protección contra la violencia de género. No me he dejado de sentir maltratada desde que me separé, pero no solo por una persona, sino por todo un sistema. Aun así no dejaré de luchar por el bienestar de mi hija, pese a quien le pese.



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