NO A LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA

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 Sr. Pigdemont, Sr. Junqueras, Sres. del Govern de Catalunya, Sra. Forcadell,

Ojalá nos pudiéramos dirigir a Uds. con el protocolario "Apreciados Sres", y con el tratamiento que por el cargo que ostentan les corresponderían. 

Pero, por honestidad afectiva,  y por la falta de moralidad con la que han manipulado el proceso independentista, creemos no les hacen acreedores de dicho tratamiento. 

Intencionadamente han creado una fractura en la Sociedad Catalana, que afecta a los puestos de trabajo, las empresas y a las familias. Fractura que tardaremos en superar y nos retrotrae a los años previos a las infausta Guerra Civil que asoló España hace 80 años.

Pero es que ademas el ilegal referéndum nacionalista al que nos han forzado, presenta graves problemas morales, legales y democráticos.

Es inmoral, se dirige contra las personas y es germen de conflicto:

– El derecho a la identidad es un derecho fundamental e intrínseco a la dignidad humana que no puede ser lesionado, ni siquiera por la voluntad de una mayoría. Ninguna votación puede privar nadie de su libertad o de su vida, como nadie puede privar a millones de catalanes de su identidad constitutiva catalana y española sin cometer un grave atentado contra su integridad moral.

– Los derechos de los pueblos vinculados positiva y legítimamente por lazos históricos, familiares, religiosos, culturales y políticos, no pueden someterse a proyectos que ignoren unilateralmente dichos vínculos, sin tener en cuenta la voluntad de todas las partes. Una secesión unilateral que ignore los procesos históricos en favor de intereses particulares es inmoral.

Es (ha sido) ilegal y despótico:

– El Estado de Derecho se asienta sobre el sometimiento de los poderes públicos al derecho. Nadie, ni los gobernantes ni el pueblo, está por encima de la ley. La violación de este principio se llama despotismo.

– El marco legal español, como es habitual en las naciones occidentales, está regido por una Constitución. Si algún catalán quiere cambiar las reglas, debe hacerlo por los procedimientos que aprobaron los mismos catalanes. Lo contrario se llama despotismo.

– El derecho de autodeterminación, que el nacionalismo catalán ha renombrado como “dret a decidir”, se refiere a casos de colonización, invasión injusta u opresión. Evidentemente no aplica a Cataluña. Invocarlo en el caso catalán es un fraude y una manipulación del derecho internacional que no está permitida en ningún país occidental.

Es antidemocrático:

– La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum democrático y legítimo, también en Cataluña: fue votada por el 62% de los catalanes con derecho a voto, mientras que el Estatut de 2006 sólo lo fue por el 36%. No es democrático cambiar el marco legal sin someterse a la ley votada democráticamente.

– Las preguntas del  “referéndum” nacionalista no fueron aprobadas por el pueblo. Según declaración, han sido elaboradas a solas en un despacho y no fueron pactadas con el gobierno nacional. La formulación de las preguntas y la adjudicación del “sí” a la parte secesionista atenta también contra la democracia elemental; en países como Canadá sería denunciada por manipulación.

– El planteamiento del referéndum sólo ha contemplado la “democracia” que se ajusta a los intereses nacionalistas. No se contempló la aplicación literal de su hipotético resultado a las unidades de distrito, municipales, comarcales o provinciales. ¿Qué ocurre si Tarragona u Hospitalet eligen seguir siendo “españolas”? Tampoco explicó cada cuánto sería legítimo repetir el referéndum, ni se consultó cuál sería la mayoría necesaria para declarar la secesión, ni la participación suficiente, ni se han expuesto a la ciudadanía las ventajas y perjuicios de la separación. Además, la Generalitat es juez y parte, ha actuado como si ya estuviera separada creando “estructures d’estat”, y ha regado de dinero público a medios y organizaciones para difundir la secesión. Tal como se ha planteado, no se trata de un referéndum sino de una cacicada.

Cacicada que ya han realizado, apoyados en una mayoría insuficiente. 

Pero tengan en cuenta lo siguiente:

En el caso de que el referéndum hubiera sido legal, que no lo ha sido, el resultado queda como sigue:
Según el diario La Vanguardia, el Censo electoral en Catalunya en 2015 = 5.510.713 (probablemente dos añoa más tarde el censo será mayor).

Votos Si = 2.020.144 ciudadanos

2.020.144/5.510.713 = 36.66% de la población catalana ha votado SI a la República Catalana.

SOLO EL 36,66% DEL CENSO.

En el caso de que ese referéndum fuese legal y que las garantías electorales fueran fiables, qué tampoco lo son, evidentemente NO han obtenido la MAYORÍA.

Fíjense como casualmente el porcentaje de la población que les han dicho NO a su referéndum coincide con el porcentaje que voto a la Constitución Española. Mientras que los que les han dicho Si, coincide con los que aprobaron el Estatut en 2006.

¿Sería legítimo y democrático declarar la República Catalana con sólo el 36,66% de los votos afirmativos del censo real, como Uds. Pretenden?

En tanto representantes del Estado y como gobernantes, como piensan tutelar y defender los derechos democráticos de el 63,34% de la población catalana que no ha votado por la independencia de Cataluña?

Parece que, prescindiendo de nuestros democráticos y legítimos derechos, aún constituiyendo el 63,34% mayoritario de la población, ustedes Sr. Puigdemont, Govern de la Generalitat y grupos soberanistas del Parlament de Cataluña quieren hacer una Declaración Unilateral de independencia. 

Seguiremos con la eterna manipulación independentista?

SE LO DECIMOS ALTO Y CLARO!!
SÓLO EL 36,66% DEL CENSO ELECTORAL CATALÁN HA OPTADO POR LA REPÚBLICA CATALANA!!!

EL 66, 34% DEL CENSO ELECTORAL, 3.500.000 CATALANES  HAN OPTADO POR SEGUIR DENTRO DE ESPAÑA!!!

NO NOS MANIPULEN ESCONDIENDOSE EN UNA MUCHEDUMBRE MINORITARIA!!!

Tengan en cuenta que, si persisten en su Golpe de Estado y declaración unilateral de independencia,  sin respetar nuestros legítimos democráticos derechos del 63,3% de los catalanes que, o les hemos dicho claramente que no queremos una república catalana independiente, o directamente no hemos querido participar en su "pucherazo",  solicitarernos al Gobierno de España y al Fiscal General del Estado que en aplicación del artículo 544 del Código Penal, les procesen por delito de sedición por haber inducido, sostenido o dirigido la sedición, siendo sus principales autores, solicitandoles penas de prisión de diez a quince años, por ser personas constituidas en autoridad. Y solicitaremos ademas, se imponga la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

En la esperanza de que respeten a la mayoría silenciosa, tres millones quinientos mil catalanes, y consideren el bien de nuestra querida Catalunya, nos despedimos de Ustedes



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