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Los dirigentes comunitarios y defensores del derecho al agua Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi han sido condenados a un año de reclusión por haber obstruido parcialmente una carretera durante una protesta pacífica y legitima el día 4 de mayo de 2010 en la provincia de Azuay en Ecuador.

Ellos demostraban su oposición a la Ley de Aguas, cuando fueron detenidos y acusados de sabotaje. Cuando la Fiscalía no logró avanzar con las acusaciones de sabotaje, los acusó del delito de obstrucción de vías. Fueron condenados a un año de prisión, una sentencia que luego fue reducida a 8 días de prisión porque el mismo Juez del caso reconoció que sus motivaciones fueron de “carácter altruista”.

La confirmación de esta sentencia ha sido notificada en enero 2013 y los dirigentes podrían ser detenidos en cualquier momento. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que retiren los cargos y que se abstengan de detener los dirigentes que simplemente estaban participando en protestas pacificas y ejercitado su derecho de asamblea y asociación.

Esto no es un caso aislado. Amnistía Internacional ha documentado un patrón de criminalización de dirigentes comunitarios que han participado en protestas pacíficas y han enfrentado cargos sin fundamento, detenciones arbitrarias y condiciones de fianza estrictas solo por oponerse a leyes y políticas sobre el uso de recursos naturales (Ver el informe publicado en 2012 “Para que nadie reclame nada” ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?, Índice AI: AMR 28/002/2012).

Amnistía Internacional llama al Estado ecuatoriano a asegurar que el sistema de justicia

no sea utilizado para sancionar el ejercicio legítimo de los derechos humanos, tal como el derecho a la protesta. Además, cualquier propuesta de ley, política u medida en Ecuador que pueda afectar a las comunidades locales deben ser sometidas a un proceso de consulta adecuado.

Letter to
Fiscal General del Ecuador Galo Alfredo Chiriboga Zambrano
Sr. Fiscal,

Le escribo para expresar mi preocupación porque Federico Guzmán, Efraín Arpi y Carlos Pérez han sido condenados por ejercer su derecho a la libertad de asamblea y expresión en una protesta en el 2010 sobre la propuesta de Ley de Aguas. Este juicio sienta un precedente preocupante y puede disuadir a más personas en Ecuador de participar en protestas legítimas.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los estados tienen la obligación de mantener el orden público, es importante apreciar que Ecuador ha omitido hacer respetar el derecho de las comunidades indígenas y campesinas de ser consultados, dejando estas comunidades
sin ninguna otra alternativa mas que expresar sus demandas a través de movilizaciones públicas, lo que puede llevar a alteraciones e interrupciones del tráfico.

Es preocupante para Amnistía Internacional que el Articulo 129 del Código Penal de Ecuador sobre la interrupción de vías públicas no hace excepciones por interferencias mínimas u obstrucciones que deriven del ejercicio de derechos humanos tales como la libertad de expresión, asamblea y asociación y así permite a las autoridades usar el sistema judicial para reprimir protestas pacíficas.

Quisiera instar a la Fiscalía General a tomar las medidas necesarias para asegurar que los cargos en contra de Carlos Pérez, Federico Guzmán, y Efraín Arpi sean retirados y evitar que sean detenidos y sancionados, reconociendo ellos simplemente estaban ejercitado su derecho de asamblea y asociación.

Además hago un llamamiento a la Fiscalía General para asegurar que el sistema penal no sea usado nuevamente para sancionar el ejercicio legítimo de la protesta social y la defensa de los derechos humanos.