Ilegalización del Partido Popular

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El 25 de octubre de 2017 la Fiscalía Anticorrupción considera "abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular". Podemos afirmar que tales hechos suponen la consumación del Partido Popular como una trama corrupta que lleva años lucrándose con el dinero público de todos los españoles. La trama Gürtel no es más que uno de los 65 casos de corrupción que tiene el Partido Popular y que no mencionaremos aquí por falta de espacio. En resumen, el Partido Popular se ha presentado a 16 procesos electorales financiados ilegalmente desde la década de los 90.

Paralelamente a los casos de corrupción, el Partido Político se ha servido constantemente de todos los medios, tanto legales como ilegales e inmorales, para vulnerar los derechos constitucionales más elementales recogidos en nuestra Carta Magna aprobada por el pueblo español en Referéndum en diciembre de 1978. Valga como ejemplos los artículos 27, 35, 41 o 43, referidos al derecho al trabajo, la sanidad, la educación, etc., entre otros., así como otros derechos fundamentales como son los de libre expresión o manifestación.

Por otro lado, el gobierno español del Partido Popular ha realizado, junto a la Casa Real, negocios de venta de armas con países de medio oriente como Arabia Saudí que, a su vez, financian a grupos terroristas como el ISIS.

Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado Español son las instancias legitimadas para pedir la ilegalización de un partido político. El artículo 9 de dicha ley señala que es motivo de ilegalización "colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas" (venta de armas en Arabia Saudí). Igualmente, el pasado 27 de junio el Congreso de los Diputados respaldó la proposición de ley para que los partidos políticos puedan ilegalizarse por financiación ilegal (casos de corrupción). 

Los afectados de la acción ilegal e irresponsable del Partido Popular son el conjunto de la ciudadanía española y supone hipotecar el futuro de nuestro país. Por eso, es necesario vuestra firma, porque la voz del pueblo es la única que puede acelerar un proceso lento e interminable, que no hace sino lastrar la imagen de España como país plenamente integrado en el mundo desarrollado, tanto política como social y democráticamente.

Muchas gracias por vuestro apoyo



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