La Conselleria de Educación pretende cerrar 31 clases de 1º de Bachillerato en la Comunidad Valenciana.

Esto supone impedir el acceso a centros con demanda social de la Comunidad Valenciana a 1.085 alumnos el próximo curso 2017-18, el despido de profesorado y de personal de administración y servicios, y la restricción de un Derecho fundamental como es la libertad de enseñanza.

Este cierre de aulas concertadas se condiciona únicamente a la existencia de oferta pública y a la aplicación de unos criterios preferenciales, algo que es contrario al derecho como pone claramente de manifiesto una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 2286/2016, de 25 de mayo). En esta sentencia se establece con total claridad que para negar conciertos educativos tiene que ser condición obligatoria que no exista demanda social en estos centros, independientemente de la oferta de los centros de titularidad pública existentes en la zona.

Ante la amenaza del cierre de hasta 31 aulas concertadas en la Comunidad Valenciana,  los firmantes deseamos:

1. Manifestar la defensa de la libertad de enseñanza como un Derecho fundamental recogido en el Artículo 27 de la Constitución Española.
2. Solicitar el mantenimiento de aquellos puestos escolares en centros privados concertados con demanda social y, en consecuencia, solicitar que se proceda a la concertación de la totalidad de aulas de 1º de Bachillerato para las que se ha solicitado concierto en la Comunidad Valenciana.

Plataforma libertaddeenseñanza27.1
www.libertaddeenseñanza.es