Decision Maker Response

Gustavo Menna’s response

May 1, 2020 — La liberación masiva de presos ha generado angustia e indignación en la sociedad argentina. Es cierto que son decisiones adoptadas por jueces, pero también es cierto que ello ha sido posible por un contexto propiciado por el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. Fueron funcionarios públicos los que comenzaron con la prédica de los “presos políticos” y las “detenciones irregulares”. Fueron funcionarios públicos los que hicieron presentaciones en causas judiciales solicitando la excarcelación o el beneficio de presión domiciliaria para ex funcionarios convictos de corrupción. Y como no podía ser de otra forma, ello llevó a sentar un precedente que, por invocación del principio de igualdad de trato ante la ley, generó que delincuentes condenados por otro tipo de hechos se sumaran al pedido.
Lamentablemente, vastos sectores de la justicia están muy pendientes de la orientación política de los gobiernos para tomar sus decisiones. Necesitamos un Poder Judicial verdaderamente independiente y con coraje para tomar sus decisiones. Y que además observe el cumplimiento de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos (ley 27.372) aprobada en junio de 2017.
Más allá de su vigencia en el ámbito federal, muchas provincias han adherido a sus disposiciones o tienen normas propias que consagran estos derechos y que establecen que en cualquier decisión que se tome en el curso del proceso, como así también en la etapa de ejecución de una condena, debe garantizarse escuchar a la víctima.
Por ello, el día 29 de abril de 2020 junto a los diputados Roxana Reyes y José Cano, acompañamos a la diputada Lorena Matzen en un pedido de informes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para requerir precisiones sobre esta cuestión, el cual tramita como Expte. n° 1681-D-2020
Gustavo Menna
Diputado Nacional (Chubut – UCR)
Vicepte. 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales