Protección constitucional de la infancia con discapacidad

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La realidad de la atención en España a la infancia con discapacidad es la de una irregular, escasa y desigual implantación, y su consecuencia inmediata es la de una discriminación evidente e intolerable y un obstáculo insalvable para la salud y calidad de vida de miles de menores desatendidos y sus familias.

Esta situación ha sido denunciada por múltiples entidades y asociaciones, incluido el CERMI o Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y la falta de protección constitucional de este colectivo, sin duda el más vulnerable, ha permitido hasta ahora que se diluyan las responsabilidades entre distintas Administraciones con normativas dispares y ejecución insuficiente.

El anuncio de una Comision de Estudio para la Reforma Constitucional constituye, sin duda, una oportunidad para incluir en dicha reforma la protección constitucional de la infancia con discapacidad, con la finalidad de incorporar a la Constitución las normas vigentes en Tratados Internacionales que son, también, sistemáticamente incumplidas y permitir, una vez elevadas a rango constitucional, su desarrollo posterior en forma de Ley para terminar con una injusticia que, a todas luces, ya hace demasiados años que dura.



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