España es un país donde el Estado de derecho se viola continuamente.

0 have signed. Let’s get to 500!


Le informamos de los siguientes hechos para demostrar que el Estado de Derecho se está violando continuamente en España contrariamente a lo que el Sr. Seibert, el Sr. Juncker, el Sr. Timmermans, el Sr. Schinas y el Sr. Tajani han dicho públicamente durante los últimos meses. Por todos estos motivos pedimos que vuestras instituciones detengan la extradición de Carles Puigdemont porqué dificilmente tendrá un juicio justo. Así mismo, solicitamos que se le exija a España que deje de perseguir a los políticos catalanes exiliados (Ponsatí en el Reino Unido, Comín, Serret y Puig en Bélgica, Gabriel y Rovira en Suiza) y activistas de los Comités de Defensa de la República. También que libere a todos los políticos catalanes (Junqueras, Forn, Turull, Rull , Romeva, Bassa y Forcadell) y activistas a favor de la independencia (Cuixart y Sánchez) que están encerrados en prisión preventiva. Finalmente, reclamamos respeto al derecho a la autodeterminación pacífico y a una intervención internacional con la participación activa de la Unión Europea para encontrar una solución negociada a Cataluña.

  1. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó al Estado Español que "tome todas las medidas necesarias para garantizar que el señor Jordi Sánchez i Picanyol pueda ejercer sus derechos políticos", citando el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [1]. El juez Llarena del Tribunal Supremo de España ha impedido repetidamente que Jordi Sánchez, que se encuentra en prisión preventiva, asistiera a su ceremonia de investidura. Jordi Sánchez fue el candidato propuesto por el President del Parlament para liderar el gobierno de Cataluña. Según algunos expertos, impedir el ejercicio del derecho de sufragio activo o pasivo sin una sentencia judicial definitiva es el delito de prevaricación más grave que puede cometerse en una democracia [2]. La misma ofensa se repitió contra Jordi Turull. El juez Llarena ordenó a Jordi Turull, candidato presidencial de Cataluña, permanecer bajo custodia menos de 24 horas antes de que asistiera a su debate de investidura [3].
  2. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite una petición de Carles Puigdemont en la que se acusa a España de violar su derecho a participar en la vida política [4]. El Tribunal Constitucional español impuso medidas cautelares para evitar que Carles Puigdemont fuera investido presidente sin ningún fundamento legal, ya que estos asuntos no le corresponden al tribunal [5]. Por el contrario, el president del parlamento catalán, Roger Torrent, que es la máxima autoridad en España en relación con la investidura catalana, fue amenazado por el portavoz del Estado Español a "responder ante los tribunales" si permitía que Puigdemont asumiera el cargo a distancia [6]. Incluso, Mariano Rajoy amenazó con aplicar el articulo 155 nuevamente en Cataluña si Puigdemont se convierte nuevamente en el presidente catalán [7].
  3. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias ha admitido a tramite una petición del vicepresidente derrocado, Oriol Junqueras, y activistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, porque su detención por España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que desempeñen su papel como representantes políticos del pueblo catalán [8]. Vale la pena señalar que todos los políticos catalanes detenidos recibieron la notificación del tribunal en muy poco tiempo por delitos de más de 30 años de prisión, teniendo menos de 24 horas para preparar su defensa [9], lo que podría violar su derecho a un juicio justo como lo establece el artículo 6 de Derechos humanos. Cuatro de ellos han pasado más de 150 días en prisión y no hay fecha para el juicio.
  4. El 1 de octubre, los observadores internacionales informaron que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieron al uso excesivo de la fuerza contra los votantes, manifestantes pacíficos, haciendo uso de pelotas de goma e irritantes químicos. Según el experto independiente de la ONU, Alfred de Zayas, esto podría haber sido una violación del artículo 2 del Tratado de Lisboa y debería investigarse [10].
  5. La exconsellera de Interior y de Justicia de la Generalitat Montserrat Tura aseguró durante el Septiembre de 2017 que el intento del Ministerio del Interior de controlar los Mossos por el 1 de Octubre fue una violación directa del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2016 el cual forma parte del marco constitucional [11]. La ley orgánica 2/1986 utilizada por el Ministro del Interior Español para defender estas medidas policiales no es aplicable en Cataluña ya que colisiona con el Estatuto de Autonomía del Cataluña de 2006.
  6. Del 19 de septiembre al 1 de octubre, la Guardia Civil abrió cartas privadas dirigidas a miles de ciudadanos, buscó en oficinas gubernamentales y compañías privadas, e interceptó la entrega postal de revistas de suscripción en un intento de confiscar todos los materiales relacionados con el referéndum. Estas actividades constituyen una violación del derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones reconocidas en el artículo 18 de la constitución española. Además, las fuerzas policiales españolas también cerraron cientos de sitios web y confiscaron materiales electorales y propaganda. Estas acciones contravienen el artículo 20 de la constitución española, que protege los derechos a la libertad de expresión y la libertad de información. Durante las semanas previas a la celebración del referéndum, varios eventos públicos fueron prohibidos en Cataluña, Madrid, Valencia y Vitoria. Dichas prohibiciones violan los derechos de reunión y manifestación protegidos por el artículo 21 de la constitución española y se rigen por la Ley Orgánica 9/1983, así como el derecho a la participación política como se establece en el artículo 23 de la constitución española [12].
  7. Durante este invierno, dos raperos han estado condenados entre 2 y 3 años por criticar al Estado Español y a las instituciones reales [13]. Finalmente, siete activistas de los Comités de Defensa de la República han sido acusados de “rebelión” y “terrorismo” por los cortes de carretera y el levantamiento de barreras de los peajes llevados a cabo durante esta Setmana Santa, siendo esta una vulneración de las libertades de expresión y de manifestación y una banalización del término “terrorismo” [14]. El Síndic ya se ha dirigido a la comisaria europea de Derechos Humanos y a relatores de las Naciones Unidas por la falta de proporción en estas acusaciones [15].

Sinceramente,

Agnes N.



Today: Agnes is counting on you

Agnes Noy needs your help with “Europa: España es un país donde el Estado de derecho se viola continuamente.”. Join Agnes and 288 supporters today.