Querella criminal contra el ejecutivo del Gobierno de España

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HECHOS 

El 1 de octubre de 2017 tuvo lugar en Cataluña una convocatoria de referéndum por parte del Govern, dicha convocatoria fue catalogada de ilegal por parte del Tribunal Constitucional (principal intérprete de nuestra Carta Magna) por motivos que se pueden leer más extensamente en los autos dictados por dicha entidad. Auto 1 Auto 2 Auto 3 Auto 4

La convocatoria tuvo lugar, pese a las advertencias del Gobierno Español, el cual alega, usó todos los medios a su alcance para mediar en este conflicto. El Govern por su parte hizo oídos sordos llevando a cabo decisiones unilaterales, amparándose en su derecho a votar y por tanto plasmar su parecer en un acto democrático básico.

Ante la inminente celebración de la votación el Gobierno Español comenzó un despliegue considerable de medios y personal a la comunidad catalana con el fin de evitar el acontecimiento y seguir las órdenes que posteriormente daría Jose Manuel Maza, Fiscal General del Estado, de incautar urnas y todo material electoral posible.

Tras la orden del Sr. Maza, la mañana del 1 de octubre de 2017 comenzaron las cargas policiales indiscriminadas, como pudimos ver a través de las RRSS y algunos medios de comunicación, con el correspondiente sesgo político que les caracteriza, por lo que consideramos que las RRSS eran testimonios más fieles que otros cualquiera. Ante sentadas pacíficas, con la intención de obstruir y entorpecer la actividad que estaban llevando a cabo los FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y con el fin de proteger su derecho al voto, tuvieron lugar porrazos, pelotazos y otras técnicas subversivas (tirones de pelo, gas lacrimógeno, etc).


DERECHOS VULNERADOS

A continuación vamos a enunciar los actos y hechos que tuvieron lugar y que llevan aparejados vulneración de derechos y legislación VIGENTE en España.

Tortura
Atendiendo a la definición expuesta en el art. 1.1 de la  Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, la cual fue ratificada por España en 1987 y suscribió el protocolo facultativo de 2002. Tipificadas por nuestro Código Penal en el art. 173 y ss 

Las actuaciones policiales amparadas por el Gobierno y otros miembros de las Cortes Generales, se encuentran en el tipo establecido por el texto antes mencionado. Dicho delito se encuentra entre los catalogados por Delitos de Lesa humanidad por el Estatuto de Roma del 11 de julio de 1998. 

Lesiones

Tipificado en el art. 147 y ss de nuestro Código Penal, con las consecuentes agravantes de ser un funcionario público, haciendo abuso de autoridad y no siendo proporcional. 

Agresiones sexuales 

Tipificado en el art. 178 y ss de nuestro Código Penal, con las consecuentes agravantes se ser un funcionario público. 

Omisión del deber de socorro 

Tipificado en el art. 196 de nuestro Código Penal, tratándose concretamente en el tipo de un profesional preparado para ello, nuevamente los FCSE. 

Enaltecimiento del delito de lesa humanidad 

De mano del Presidente del Gobierno y todo su ejecutivo,a través de la portavoz Soraya Saez de Santamaría,  y de Juan Ignacio Zoido (Ministro de Interior), entre otros miembros ajustándose al tipo reflejado en el art. 510.1.c de nuestro Código Penal. 

Ultrajes a España 

Por ambas partes de acuerdo a lo establecido en el art 543 de nuestro Código Penal.

PRETENSIONES 

La pretensión última de este catálogo de derechos vulnerados durante la actuación del Gobierno a través de su brazo ejecutor, FCSE, es que alguna de las entidades públicas o personalidades jurídicas que nos amparan y protegen como ciudadanos españoles y europeos no deje impune la pésima gestión de un conflicto social tan grave como el que tenemos en este momento en España. 

Conscientes de que se ampararan en un amplio catálogo de artículos que los protegen como el art. 550 del Código Penal o el art. 5 de la LO 2/1986 de 13 de marzo, entre otro articulado y jurisprudencia disponible. Apelamos a la justicia española y al órgano correspondiente de imputar Responsabilidad Penal al Presidente del Gobierno y sus miembros, Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, amparado por el art. 102 de la CE.

Si bien estiman que han actuado de manera proporcional, nos gustaría discrepar exponiendo una pequeña reflexión acerca de lo que se considera proporcional en el sentido estricto de la palabra, en el plano matemático, y remitiéndonos a la RAE, se entiende como la igualdad de dos razones, que quizá sea la definición menos abstracta y rimbombante que podamos encontrar... también hay otros sinónimos que nos vienen de perlas, como convivencia, que lamentablemente ayer brilló por su ausencia. En cualquier caso en ningún momento se puede hablar de proporcionalidad cuando una de las partes va armada y protegida y la otra esta sentada y en silencio, ni la lógica ni la semántica les ampara. 

No obstante artículos como el 15, 17 o 55 de la CE de los que se puede desprender que intención tiene ese concepto y qué podemos entender por proporcional. 

Dejando de lado todos los matices políticos, pues eso no es algo que nos atañe aquí, queremos centrarnos en los hechos, puros actos voluntarios por parte de seres humanos hacia otros seres humanos, y eso es lo que queremos que tenga la atención debida y que los responsables de tales actos paguen las consecuencias como cualquier otro ciudadano lo haría en tales situaciones, invoco una vez más el art 14 de la CE el cual nos posiciona a todos como iguales ante la ley. 

 



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