Eliminar la concesión de cuencas hidrográficas

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300 cuencas de 756 del país, en 20 estados, a disposición de trasnacionales e intereses privados. Levantamiento de vedas viola derecho humano al agua.

La publicación de estos decretos en este momento, frente a la posibilidad de que la Presidencia de la República no quede en manos de los partidos que aprobaron las reformas estructurales, indica que hay una gran posibilidad de que se otorguen estas grandes asignaciones a los gobiernos estatales favorecidos en estos próximos meses.

1. Los Decretos de Reserva quitan las vedas (último vestigio del modelo anterior de gestión del agua, en manos del Estado en vez del mercado) para extender la lógica del sistema de concesiones impuesto en México a través de la Ley de Aguas Nacionales (1992) como pre-condicion para entrar en el TLCAN.

2. Aunque están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica (en San Pedro Mezquital reservan 2000 millones m3/año para CFE para este uso (ahí es donde se ha estado buscando construir la Presa Las Cruces que afectaría el pueblo Nayeri) y solo un poco más de 300 para uso ambiental.)

3.  Los decretos se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual, según el 3er transitorio de la reforma al 4o Artículo Constitucional, tendría que haber sido reemplazada en febrero 2013, con una ley centrada en el derecho humano al agua, la cual “sentaría las bases” para la participación de la ciudadanía junto con los tres niveles de gobierno para la consecución del “acceso y uso equitativo y sustentable” del agua.

4. Los decretos extinguen los derechos al agua de los núcleos agrarios que no fueron renovados a tiempo.  

5. Los decretos no mencionan el derecho humano al agua.

6.  Destinan las grandes asignaciones para “uso público urbano” a los gobiernos estatales, con vigencia a 50 años.

7. Permiten el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad eligible a ser titular de una asignación–esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como son CFE y PEMEX.

8. Los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida.

9. No contemplan ningún papel para la ciudadanía, en violación del 4o Artículo constitucional.  Todo el poder sobre las reservas urbanas, ecológicas y para energía eléctrica estará en manos de la Conagua.

10. Las reservas para uso ambiental, conservación ecológica o “caudal ecológico” se expresan en millones de m3/año, cuando es sabido que la protección de los ríos, las cuencas y sus ecosistemas depende más bien en su régimen de flujo.

11. En varios de los decretos (p ej Decreto Río San Pedro Mezquital), el agua para conservación ecológico o uso ambiental se concesiona (una figura solo accesible por particulares; entidades públicas reciben “asignaciones”) en vez de ser reservado en manos públicas. ¿Por qué manejar los volúmenes que requieren los ecosistemas a través de figuras excluyentes?



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