Grave situación de Derechos Humanos en Colombia- Llamado a colombianxs y aliadxs en Canadá

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Care for Colombian Leaders started this petition to Natalia Mantilla Muñoz (Consul- Embassy of Colombia in Canada Ottawa) and

Ante los hechos ocurridos en Colombia desde el pasado 28 de abril en torno a las legítimas protestas que han tenido lugar en distintas ciudades, invitamos a personas en Canadá a firmar esta carta para hacer un llamado a la Embajada colombiana y los Consulados colombianos en Canadá, para expresar con urgencia y preocupación nuestro rechazo a los graves hechos violación a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte del Estado colombiano, sus cuerpos policiales, unidades especiales y antimotines.

¡Firma y Comparte! 

Carta:

A TODAS LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS DE COLOMBIA EN EL MUNDO

Mayo 7, 2021

Asunto: Grave situación de Derechos Humanos en Colombia

Ante los hechos ocurridos en Colombia desde el pasado 28 de abril en torno a las legítimas protestas que han tenido lugar en distintas ciudades, expresamos con urgencia y preocupación el rechazo a los graves hechos de limitación y violación a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte del Estado, representado en los cuerpos policiales, unidades especiales y antimotines de Colombia.

En los últimos días las vejaciones por parte de estos actores han atentado contra la dignidad de la población, el derecho de reunión pacifica, a la vida, a la libertad e integridad personal y a la libertad sexual de ciudadanos y ciudadanas colombianas, quienes han participado en manifestaciones públicas en rechazo a la Reforma Tributaria, la Reforma a la Salud, el mal manejo de la pandemia del Covid-19, contra la impunidad en los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y la gestión de la presidencia del gobierno de Iván Duque; así como, la violencia estatal ejercida durante las movilizaciones que conmemoraron el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. 

Según las cifras cotejadas por múltiples organizaciones de Derechos Humanos en Colombia, sistematizadas en la plataforma Grita, desde el 28 de abril (6 am), y el 3 de mayo (10 am) de 2021 en Colombia se han registrado:

1.181 casos de violencia policial, 
142 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional, 
26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía Nacional, 
761 detenciones arbitrarias de manifestantes, 
216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública,
17 víctimas de agresión en sus ojos, 
56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía Nacional, 
9 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública y 
56 denuncias por desapariciones en el contexto de las movilizaciones. 

Estas cifras son mayores según fuentes locales y van en aumento debido a que la represión a día de hoy continúa.

Destacamos que defensores y defensoras de Derechos Humanos que han participado de las labores de verificación, han sido objeto de agresión, amenazas e intimidación con arma de fuego por parte de personal de la Policía Nacional; una situación de violencia estructural que ya ha venido siendo relatada por organismos internacionales como el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe “Situación de los derechos humanos en Colombia” del año 2020, en donde se deja constancia de la violencia sistemática y arbitraria empleada por la Fuerza Pública y organismos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), al momento de intervenir en protestas y manifestaciones. Preocupa que el pasado 04 de mayo ACNUDH denunció que algunos miembros de su equipo fueron amenazados y agredidos durante acciones de verificación de situación de derechos humanos en la ciudad de Cali. 

Las actuaciones del Estado colombiano vulneran de forma directa y flagrante los estándares interamericanos e internacionales en materia de protección a derechos humanos en relación con las protestas sociales y manifestaciones públicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta enfáticamente que los Estados deben actuar sobre la base de la legalidad de los tratados internacionales y los límites del uso de la fuerza para intervenir en las protestas y han establecido que: “(…) el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas.” A pesar de esto, al Escuadrón Movil Antidisturbios -ESMAD se le atribuyen diversas prácticas de abuso de la fuerza que han derivado en más de 34 muertes en hechos de represión a la movilización social en sus 21 años de existencia. 

De igual forma, en el ámbito internacional la posición sobre el imperativo de no intervención de militares y de fuerzas armadas en contextos de protesta o manifestaciones públicas, ha sido reiterada y condenada. Sus intervenciones como acciones incompatibles con los derechos humanos, al igual que delegar tareas de orden y seguridad a las fuerzas militares, e incluso en la declaración de estados de excepción para abordar escenarios de protesta social.

A partir del evidente incumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de garantía de Derechos Humanos, exigimos al Gobierno Nacional de Colombia, en cabeza de Iván Duque:

  • El esclarecimiento y la atención a las denuncias por violencia sexual, abuso policial y desapariciones. 
    Se respete el orden democrático y la autonomía de los entes territoriales y detenga de forma inmediata la militarización de los territorios, de la vida social y comunitaria.
  • Cese con las prácticas de estigmatización de quienes se movilizan para defender sus derechos. Se respeten los derechos humanos y se garantice el derecho a la protesta reconocido en el orden constitucional colombiano. 
    El desmonte del ESMAD que representa la forma concreta de obstrucción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo popular.
  • El desmonte del ESMAD que representa la forma concreta de obstrucción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el diálogo popular.
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