¡Justicia para Paúl Granda López!

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Comité de Apoyo para Paúl Granda lanzó esta petición dirigida para Dra. Diana Salazar - Fiscal General de la República del Ecuador y

El 17 de mayo pasado, se conoció que el Juez de Garantías Penales del Guayas, Ronald Guerrero, llamó a juicio a Paul Granda López, procesado por el presunto delito de delincuencia organizada para la adquisición de insumos médicos en los hospitales del IESS en la ciudad de Guayaquil a través de convenios de pago, suscritos entre abril de 2016 y octubre 2018.

Como antecedente, es necesario precisar que Paul Granda López fue designado representante de la Función Ejecutiva al Consejo Directivo del IESS, mediante Decreto Ejecutivo firmado por el presidente de la República, el mes de diciembre de 2018, por lo que de por sí no tiene relación o vinculación alguna con los convenios de pago que fueron objeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado y que son la base para el juicio antes referido.

Sin embargo, dentro de la irregular audiencia preparatoria de juicio, que duró varias semanas, la defensa de Paúl Granda López desvirtuó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, y demostró la falta de indicios probatorios materiales lógicos, aportando información suficiente que demuestra su total inocencia.

Como “prueba”, se presentó dentro de la fase de investigación, una bitácora manipulada y alterada, con la que Fiscalía afirma que Paul Granda se habría reunido con uno de los inculpados en la ciudad de Guayaquil. Con la misma intención, Fiscalía señaló que Paúl Granda se habría encontrado con otro de los inculpados en el Edificio Zarzuela en la ciudad de Quito, en febrero de 2019, cuando este último habría accedido a uno de los pisos de dicho inmueble en el que no se encuentra la oficina de la presidencia del Consejo Directivo del IESS. También, Fiscalía señaló la transferencia a “paraísos fiscales” de $360 (menos de un salario mínimo vital) entre 2016-2020, correspondientes al pago de Netflix, como pudo demostrar su defensa en la audiencia preparatoria de juicio.

Los informes de investigación de la propia Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, del Servicio de Retas Internas (SRI), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros muestran que no existía ninguna relación económica, societaria o financiera, entre los demás inculpados y Paul Granda López. La investigación a su patrimonio y al de su familia también refleja que no existió ningún beneficio económico ni de ninguna clase.

Siendo así, el llamamiento a juicio hecho a Paul Granda López es injusto, con el, se da cuenta de una coyuntura compleja, en la que pretendiendo enfrentar la corrupción, como un mal endémico de la administración pública, se identifica y se selecciona a ciertos funcionarios y servidores como chivos expiatorios, elementos distractores, a quienes se dirige todo el foco de atención, el peso de la acción investigativa y una eventual sanción, sin que exista objetividad, generando al contrario, inseguridad jurídica, intranquilidad social e impunidad para los verdaderos responsables.

En ese sentido, las y los abajo firmantes exigimos que, en este caso, donde se ha violado reiteradamente el debido proceso, las autoridades judiciales competentes actúen con decencia, en derecho, dejando de lado las presiones políticas, y de todo tipo, y se haga justicia.

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