Petición Cerrada

Pide a los honorables votar en contra de modificar el Capítulo XV de la Constitución.

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EL PASADO 19 DE MARZO, LA MONEDA HA ANUNCIADO EL ACUERDO DE 17 PARTIDOS POLÍTICOS , QUE INCLUYE UN CRONOGRAMA DE ELECCIONES Y UNA SEGUNDA REFORMA AL CAPÍTULO XV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, DESTINADO A FIJAR NUEVA FECHA AL PLEBISCITO DE ENTRADA AL DENOMINADO PROCESO CONSTITUYENTE.


Desde octubre de 2019, Chile ha vivido un estallido de violencia sin precedentes. No es que la violencia no hubiera estado presente antes en la vida de nuestra Nación. Por el contrario, Chile vivió peores clases de violencia política en contra de la población civil, por parte de grupos de la izquierda revolucionaria, en los oscuros tiempos de la Unidad Popular. Sin embargo, la violencia de estos últimos seis meses se ha caracterizado por la rendición incondicional del Gobierno y de parte importante de los partidos políticos oficialistas a la violencia incendiaria, sacrílega y anómica.

Los motivos de la capitulación política de Sebastian Piñera, de Blumel, de Desbordes y de tantos otros, no son completamente conocidos por la ciudadanía. Es posible que en el futuro conozcamos las lógicas de poder que se han entretejido para orquestar el desmantelamiento de nuestra actual Constitución y del proyecto libertario y de desarrollo que ella simboliza, en una dinámica que muchos de sus electores han percibido como una traición al compromiso plasmado en el programa de Gobierno que apoyaron con su voto. Tal vez sea la cuestión valórica; la noción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el Estado al servicio de la persona humana, la noción de bien común, la libertad de culto y la libertad de enseñanza, junto a la cuestión económica, incluido el derecho de propiedad y las demás libertades económicas, así como las autonomías constitucionales que limitan el poder de la partitocracia, las que han unido a partidos antagónicos en un nuevo pacto de poder. En efecto, bajo los auspicios de Piñera, Blumel y Desbordes, se han reunido desde el Partido Comunista hasta la UDI en un nuevo acuerdo que podríamos llamar el “Pacto de La Moneda”, que busca reflotar el “Pacto por La Paz”, que sucumbía ante el ominoso crecimiento de la Pandemia del denominado “virus chino”, que de facto, hizo inviable el Plebiscito del 26 de Abril.

Frente al porfiado hecho de la inviabilidad del Plebiscito de Abril, por razones de fuerza mayor, en el marco de la catástrofe sanitaria, las organizaciones que de hecho han ido conformando un cada vez más poderoso y movilizado Frente Cívico por el Rechazo, esperaban una lúcida conducción del proceso por parte de los parlamentarios comprometidos con la defensa de la Constitución y de sus valores. Sin embargo, en lugar de descolgarse de este nuevo intento de imponer una nueva constitución indeseada por el pueblo de Chile y cuya imposición solo interesa a las élites y oligarquías partidistas y a su clientela ideológica y burocrática, los parlamentarios por el rechazo parecieran dar oídos a los cantos de sirena que invitan a la dar la espalda nuevamente a sus electores y a las fuerzas ciudadanas que se encuentran comprometidas en la defensa de la Constitución.

Piñera, Blumel, Desbordes y todos los sectores oficialistas del apruebo ya hicieron su elección. Ellos han optado por divorciarse de su propio electorado e imponer un indeseado proceso constituyente al País, anclado en el fracasado consenso social demócrata, que actualmente hunde e hipoteca el futuro de Europa. Tal opción nos conduciría inexorablemente al estancamiento económico y social, luego al populismo y finalmente a los experimentos socialistas tan conocidos en Latinoamérica, bajo la atenta mirada de la dictadura cubana, siempre disponible para saquear otro País.

En esta hora, le corresponde a los parlamentarios que han optado por el rechazo, demostrar que se encuentran genuinamente comprometidos con la defensa de la Constitución y sus valores.

Los diputados y senadores que han abrazado la causa del rechazo deben comprender que en el diseño del “Pacto por La Paz” existen tres opciones para terminar con el proceso constituyente y asegurar la vigencia y permanencia de nuestra Constitución.

La primera opción para terminar el proceso constituyente, consistía en el triunfo del voto por la opción rechazo en el plebiscito del 26 de abril de 2020.

La segunda opción para terminar el proceso constituyente, era la caducidad de la Convención por el vencimiento del plazo de 9 meses o de su prórroga de 3 meses, sin lograr acuerdo de 2/3 sobre los contenidos mínimos constitucionales que establece el inciso final del artículo 135. (1)

La tercera opción para terminar el proceso constituyente, consistía en el triunfo del voto por la opción rechazo al texto de una nueva Constitución, en el plebiscito de salida.

LA ACTUAL PANDEMIA AGREGÓ UNA CUARTA OPCIÓN PARA TERMINAR EL PROCESO CONSTITUYENTE.

Resulta evidente que el actual estado de catástrofe sanitaria originado por la pandemia de Coronavirus, hace inviable de facto la celebración del plebiscito del 26 de abril.

Aunque no mediara acto alguno del Presidente de la República, es ya evidente que el plebiscito no se podría realizar en esa fecha, dado el riesgo de contagio y muerte para miles de compatriotas que ello involucraría. El Presidente de las República se encuentra actualmente facultado para suspender el plebiscito, en uso de sus atribuciones derivadas de la declaración de Estado de Catástrofe.

La Constitución no permite realizar el plebiscito de entrada al proceso constituyente en una fecha diversa del 26 de abril de 2020.

En ese contexto, las fuerzas parlamentarias que se oponen al proceso constituyente y a la imposición de una nueva constitución tienen el deber de hacer oposición al “Pacto de La Moneda” y de negar su voto a todo proyecto destinado a aprobar una nueva reforma al Capítulo XV de la Constitución Política de la República destinada a dar nuevo aire a un proceso constituyente inviable, en el cronograma fijado en el "Pacto por la Paz".

La historia juzgará con severidad a los parlamentarios por el rechazo si es que nuevamente y sin reflexión alguna, ceden ante la presión oficialista y entregan por segunda vez, como un cheque en blanco, la Constitución al pillaje populista y a las ansias de poder de una nueva generación partitocrática, preocupada únicamente de autogestionar sus propias ambiciones, carente de responsabilidad social y de todo sentido nacional.

Los perfeccionamientos a la Constitución, que ha planteado la corriente “Rechazar para Reformar”, resultan perfectamente atendibles, si éstos se enmarcan en el procedimiento de modificación de la Carta Fundamental previsto en la parte permanente del Capítulo XV de la Constitución, el cual puede llevarse adelante desde ya en aquellas materias en que exista amplio consenso de la ciudadanía y que se estimen urgentes.

En cambio la entrega de una hoja en blanco a una Convención, que involucraría un altísimo costo para los contribuyentes, proyectado en aproximadamente 2.700 millones de pesos, al cual se sumará el enorme costo del plebiscito, calculado por el SERVEL en 30 mil millones de pesos. También se sumará a ello el mayor costo económico de la incertidumbre económica que generaría la caída de la inversión por un periodo de varios años. Todo ello constituye un precio inaceptable a pagar, para un País que ya ha soportado seis meses de violencia izquierdista y actualmente soporta la cruel pandemia del Coronavirus, que, desde luego exige reorientar tales recursos a la superación de la catástrofe y la reactivación de la economía.

Por esas razones, efectuamos un llamado a la reflexión a cada uno de los diputados y senadores que se han pronunciado en favor del rechazo a un proceso constituyente orientado a establecer una nueva constitución en Chile, para que unan fuerzas para rechazar toda reforma al Capítulo XV de la Constitución destinada a fijar una nueva fecha para el ya inviable plebiscito de entrada a un proceso constituyente y los convocamos a constituir una eficaz y férrea oposición a cualquier otra iniciativa que pretenda iguales o similares objetivos.

INDEPENDIENTES POR EL RECHAZO


(1) El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.



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