Que lxs Diputadxs de Chubut legislen para el Pueblo y no según sus creencias personales

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Según cifras oficiales en Argentina, de acuerdo con el Anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto”, ubicando al aborto como la principal causa individual de mortalidad materna en nuestro país. (http://www.deis.msal.gov.ar/wp-content/uploads/2016/09/2016-Tabla40.html ).

Sabemos que la penalización no disuade a las mujeres de practicarse abortos, solo provoca que los mismos sean clandestinos aumentando la mortalidad de mujeres jóvenes y pobres.

Por eso cuando se propone legalizar el aborto de lo que se está hablando es de terminar con el aborto clandestino; lo que se discute es si los abortos se harán en condiciones de seguridad, igualdad, autonomía y dignidad o se mantendrán en la ilegalidad. Legalizar el aborto implica que el Estado garantice el acceso a servicios integrales de interrupción del embarazo de forma segura, gratuita y de calidad, como parte constitutiva de los derechos humanos a fin de evitar las muertes y daños que produce la criminalización del aborto.

Sin embargo desde sectores conservadores o religiosos dogmáticos se circunscribe la discusión a cuestiones de orden moral, individual, metafísico que prioriza la vida del embrión y su protección absoluta.

En relación a los derechos autónomos de los embriones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo clarifico en el sentido de que la protección al derecho a la vida no es absoluta sino gradual e incremental según su desarrollo. La existencia de vida en el embrión no tiene en el derecho nacional, ni regional ni internacional igual protección que la que tiene una persona nacida con vida. El hecho de que de que en el embrión exista vida no significa que pueda considerarse persona en términos de protección legal. Se es persona, según los criterios del Código Civil, el Código penal, la Constitución Nacional, fallos de nuestra Corte Suprema de la nación (caso FAL) Convención Americana de Derechos Humanos, fallo Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Artavia Murillo ) y criterios científicos- biológicos, en el momento del nacimiento con vida, cuando el embrión se separa de la persona gestante y comienza a tener capacidad autónoma de desarrollarse como individuo ( Exposición Dr Alberto Kornbitt Director de Ciencias Biológicas y de Salud del CONICET. Ver en : https://www.youtube.com/watch?v=ahRfo7q4HQ8

Pero hay otra ética que puede incluirse y es aquella que tiene en cuenta criterios de realidad social, científicos y de derechos humanos vigentes y obligatorios para nuestro país. Es una ética ligada a la política (en tanto cosa pública), al interés colectivo, que busca transformar la realidad, disminuir los abortos clandestinos y lograr que los que se produzcan lo sean en condiciones seguras para todas las mujeres sin discriminaciones de ningún tipo.

Si focalizamos en los derechos vulnerados, con la penalización de la interrupción del embarazo se vulneran los siguientes derechos de las mujeres: a la vida, al máximo nivel posible de salud física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad, a verse libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, a la libertad de conciencia y religión, entre otros.

El derecho de las mujeres al aborto –legal seguro y gratuito- está fundado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en los siguientes pactos y convenciones: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(PIDCP), Convención sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Convención sobre los derechos del Niño, Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y otros.

Argentina como país signatario de tales pactos y convenciones y sus protocolos facultativos se encuentra obligada a dar cumplimiento a los mismos, bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional.
Por lo tanto, la prohibición del aborto o la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituyen una violación los derechos humanos, como lo han expresado distintos comités de expertos en el seguimiento de varios de estos instrumentos legales y en los textos aprobados por consenso en las conferencias internacionales. Enfáticamente se ha instado al Estado a que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna por abortos clandestinos: Comité derechos del Niño, año 2010, en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/02/miscelaneas46274.pdf y año 2018 (por ahora en idioma ingles) ver en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fARG%2fCO%2f5-6&Lang=es Comité Derechos Humanos, 2016 ver en : http://observatoriointernacional.com/?p=2474
Comité de CEDAW, 2016 ver en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search/printDocumento/317?destacados_id=6628,6673,6690,6691,6729,6730,6731,6732,6733,6734,6735,6736,6737,6738,6739,6740,6741,6742,6743,6744

Creemos que solo un estado pluralista y laico puede garantizar la libertad y ejercicio de todas las creencias, sin pretender imponer una verdad. Creemos también que las creencias personales no deben interferir en la definición de políticas públicas y legislación que aporten al bienestar de todas las personas. En este sentido, el Consenso de Montevideo, que es el acuerdo intergubernamental más importante aprobado en la región en materia de población y desarrollo ( ver en : https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf reafirma la laicidad del Estado como principio fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas e insta a que los Estados modifiquen sus leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos y el embarazo infantil forzado.

También el Comité de Derechos del Niño ha recomendado a los Estados que despenalicen el aborto para que las niñas y adolescentes puedan acceder a abortos en condiciones seguras, que se atienda el interés superior de las adolescentes embarazadas, se escuche y se respete siempre su opinión en las decisiones relacionadas con el aborto. Lo ha hecho en su informe para Argentina en el año 2010 y lo ha reafirmado en los últimos días en el informe del 2018.

Todos los datos, normativa y jurisprudencia mencionada abonan a la posición que la legalización del aborto es constitucional y no legalizarlo colocaría al Estado Argentino en un estado de incumplimiento con sus obligaciones internacionales.

Apelamos a que nuestros aportes sean tenidos en cuenta a la hora de emitir su voto.

Las mujeres con capacidad gestante en Chubut queremos ABORTO LEGAL YA!!



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