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El maltrato no es de género, sino una cuestión de educación a todos los niveles. Nuestros objetivos son: DEROGACIÓN DE LA LIVG que tanto daño está haciendo a padres falsamente acusados y a sus hijos, CUSTODIA COMPARTIDA a partir de la derogación de la LIVG, ya que en caso contrario, poco sentido tiene, ya que las denuncias falsas proliferarían igualmente, RECONOCIMIENTO DEL SAP como maltrato infantil. Somos contrarios al machismo y al feminazismo, que lo único que hace es provocar un odio y guerras absurdas entre sexos. Apostamos por la verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito judicial, laboral, social, etc. Luchando hombres y mujeres juntos, lo conseguiremos.
Letter to
Ministro de Justicia; Sr D. Mariano Rajoy Brey
Alberto Ruiz-Gallardón
Destinatario: Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón
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Presidente del Gobierno
VULNERA LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
A pesar de que el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios implicó un enorme apoyo mediático y una ocultación de las graves consecuencias generadas, la Ley de Violencia de Género no sólo atentaba contra la sintaxis. Implicaba, además, una flagrante violación de principios básicos de la democracia moderna, como la igualdad ante la ley, y una vulneración escandalosa de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Con el beneplácito de una oposición temerosa de perder popularidad y una Cámara sometida a la disciplina de voto, esta norma recogió una pintoresca y peligrosa visión penal, estableciendo que el carácter delictivo de ciertas conductas no dependía tanto de la naturaleza del hecho como del colectivo al que perteneciese su autor – si fuere hombre sería delito, si fuere mujer no lo sería–, llegando al extremo de castigar con exageradas penas de cárcel algunos supuestos que la propia ley describía ¡como leves! Se recogieron también unos usos que preveían la detención inmediata de los hombres denunciados por su pareja o ex pareja (siempre que ésta fuese mujer, por supuesto) sin comprobación de la veracidad de los hechos y unas normas procesales en las que, en contra de los usos comunes del derecho, era el acusado quien debía demostrar su inocencia.
Nadie negaba por aquel entonces que la violencia familiar constituyese un grave problema pero se trataba de un asunto complejo, que no podía resolverse con demagogia, ni con un enfoque puramente ideológico o simplista, ni con medidas meramente electoralistas, ni desencadenando una anacrónica caza de brujas ni, mucho menos, inventando nuevos y absurdos nombres. La vía para dar protección a las mujeres que ciertamente la necesitaban no podía pasar por violentar los derechos de la mitad de la población y no era difícil prever que la ley, en lugar de resolver el problema, podía contribuir a crear otros muy serios, como pronto se comprobó.
Muchos medios de comunicación, convertidos en un mal remedo del genial y desaparecido semanario “El Caso”, empezaron a ocupar una proporción creciente de su espacio en relatar todos y cada uno de los homicidios de mujeres a manos de sus maridos, con descripción incluida de truculentos detalles y asignación de un número de orden anual a cada caso, mientras silenciaban el amplísimo resto de muertes violentas. Contribuían así a crear una desmesurada alarma entre el público más ingenuo y peor informado, en un intento de justificar las draconianas medidas y de ganarse el apoyo de ciertos grupos de interés ciertamente minoritarios pero muy influyentes.
UN ALUVIÓN DE DENUNCIAS FALSAS
Comenzó a inundar los juzgados un aluvión de denuncias falsas por parte de mujeres sin escrúpulos o malintencionadas que encontraron en la ley un buen mecanismo para vengarse de sus antiguas parejas, para conseguir fácilmente la custodia de sus hijos o para obtener las múltiples ventajas económicas que la norma concedía a las denunciantes, tales como el cobro de subsidios, prioridad en el acceso a viviendas sociales e, incluso, una pensión de viudedad si se acusaba de violencia ¡al ex marido fallecido! Sin embargo, en consonancia con el carácter discriminatorio de la ley, ningún juzgado abrió diligencias contra esas mujeres por su falsa acusación. Por ello, las estadísticas oficiales no recogen prácticamente ninguno de estos falsos testimonios. Y, como era previsible, los casos de violencia no disminuyeron sino que incluso aumentaron tras la aplicación de tan infame norma, mostrando una vez más que las medidas poco meditadas, aun bienintencionadas, suelen conllevar resultados no deseados, muchas veces contrarios al objetivo que se persigue.
Ésta es una buena oportunidad para que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, pueda completar su programa de cambios legales derogando esa ley de confuso nombre, tan extraviada en el fin como en los medios. Pocas ocasiones como la presente para mostrar que las reformas deben atender a los principios de justicia e interés general sin plegarse a la presión de ciertos grupos oportunistas, aun cuando éstos pudieran revelar cierta proclividad al griterío furioso e histérico. Pero, reconozcámoslo, cualquier cambio legislativo requiere una dosis adicional de valentía, arrojo y determinación cuando no se produce bajo la presión de nuestros socios europeos y la severa mirada de la señora Merkel.»