El Presidente del Gobierno español ha tratado, vía enmienda, de rebajar los 3/5 necesarios para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, reduciendo la mayoría necesaria a simple y ha tratado igualmente de sortear al Consejo General del Poder Judicial liquidando con ello la División de Poderes y garantizándose un Tribunal domesticado y sumiso.

Esto constituye un golpe a la Constitución, al principio de legalidad, a la división de poderes y al derecho a la participación política de los diputados de la oposición ( artículo 23 CE), a los que se ha hurtado su derecho a participar en un proceso legislativo con todas las garantías. En definitiva, es un golpe al Estado.

Es además el más grave de todos los sucesivos ataques a la democracia que hemos venido sufriendo desde que gobierna el señor Sánchez, únicamente guiado, sin ningún tipo de escrúpulo por su ambición y el deseo de satisfacer a toda costa a los independentistas, personas ya condenadas por el Tribunal Supremo y que abiertamente expresan su intención de volverlo a hacer.

Estamos siendo llevados progresivamente a una tiranía ante la pasividad de unos y el aplauso de otros. 

Los golpes de estado modernos no se cometen de una vez ni con armas, sino de forma progresiva, solapada y subrepticia de manera que el ciudadano sólo se da cuenta de que le han privado de todos sus derechos y libertades cuando ya no hay remedio. 

Pronto será tarde si no lo evitamos.

Denunciemos está tropelía ante la Comisión Europea.

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