Ilegitimidad al régimen de Nicaragua

Ilegitimidad al régimen de Nicaragua
La propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha constatado que: “En
Nicaragua se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles,
incluyendo arrestos y detenciones arbitrarias de personas percibidas como
opositoras al Gobierno y limitaciones en el ejercicio de las libertades de
reunión pacífica, expresión y asociación”.
Por ello tampoco extraña que el Gobierno de Nicaragua haya decidido no
permitir la supervisión internacional durante los comicios, ni que el Consejo
Supremo Electoral sometido a Ortega haya despojado de su personería
jurídica a distintos partidos de la oposición democrática. Con estas
actuaciones queda muy claro que las elecciones del próximo 7 de
noviembre no serán competitivas, libres y transparentes.
Daniel Ortega prepara un fraude monumental, un fraude que no puede
quedar legitimado con la participación de “partidos satélites” creados,
impulsados o apadrinados por el propio Ortega para dar una apariencia
democrática a las elecciones. Un fraude que de ninguna manera puede ser
reconocido ni legitimado por la comunidad internacional.
Los abajo firmantes, organizaciones y personas a título individual, reunidos
en Madrid el xx de noviembre de 2021 en un acto para reivindicar la libertad
y los derechos humanos en Nicaragua, llamamos a la comunidad
internacional a:
1.No reconocer la legitimidad de estas elecciones. El pueblo nicaragüense y
todas aquellas instituciones, gobiernos y personas amigas de la justicia y la
libertad, exigirán unas nuevas elecciones auténticamente libres y limpias
cuando se den las condiciones democráticas mínimas.
2. Señalar al gobierno de Nicaragua como una dictadura bajo la cual se
están violando sistemáticamente los derechos humanos a la ciudadanía.
3. Proseguir todos los esfuerzos nacionales e internacionales y ejercer toda
la presión posible para la liberación de los presos y presas por razones
políticas, para que se respeten los derechos humanos fundamentales, para
que se restablezcan los partidos políticos suprimidos, para que se deroguen
las leyes que restringen las libertades ciudadanas, incluidas las de
representación política, y para exigir la celebración de unas elecciones
auténticamente libres y limpias en Nicaragua. Asimismo, proseguir los
esfuerzos internacionales para imponer sanciones al aparato burocrático de
la dictadura, en particular la aplicación inmediata después del 7 de
noviembre, de la Carta Democrática de la Organización de Estados
Americanos(OEA).