Petición cerrada

Reforma Ley Protección de datos para garantizar la intimidad y evitar el acoso telefónico.

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La Constitución Española, en su artículo 18.1, reza: "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Asimismo, en el artículo 18.4, podemos leer:"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Estos dos derechos fundamentales, considero que pueden ser sistemáticamente vulnerados por las grandes compañías que, con sus, literalmente, decenas de llamadas telefónicas, ejercitan una situación que tal vez deba merecer el calificativo de ACOSO. Un acoso que, en otros ámbitos, supondría sin lugar a dudas un delito, y que, en todo caso, supone una situación de prepotencia intolerable por parte de esas compañías. 

Para evitar ésta situación, propongo las siguientes modificaciones: 

-Obligatoriedad de que todos los locales de las compañías comerciales de cualquier clase, y especialmente las compañías de servicios de telecomunicaciones, deban ejercer como registro a la hora de solicitar el acceso a nuestros datos, y tengan el deber de disponer, para los clientes, formularios tanto físicos como telemáticos mediante los cuales la compañía deba DESISTIR de ofrecer información o servicios de cualquier tipo a los clientes que lo deseen. La violación de éste precepto, será considerada un delito, que será especialmente grave si los clientes son miembros de las llamadas listas Robinson. 

-Quedará en todo caso,terminantemente prohibido realizar campañas telefónicas a personas suscritas a las listas Robinson, sin necesidad de realizar solicitud ninguna de baja de las bases de datos de dichas compañías. Se reforzará el carácter oficial de dichas listas. 

-Será suficiente una sola negativa a recibir servicios, realizada verbalmente, para que las compañías tengan el deber de borrar los datos de los que dispongan de los clientes de cara a la realización de campañas promocionales o de servicios, y éstas tendrán, bajo graves sanciones, la obligación de proporcionar inmediátamente un código a través del cual se pueda tener la garantía de que se ha solicitado la baja de dichas bases de datos. En cada ocasión en que una compañía realice una llamada telefónica o un envío comercial, deberá ofrecer la posibilidad de acogerse a ésta alternativa.

 



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