Petición cerrada

PLATAFORMA EN APOYO AL EX CONCEJAL DE MIERES JUANJO Y POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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PLATAFORMA EN APOYO AL EX CONCEJAL DE MIERES JUANJO Y POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

 Los firmantes queremos salir en defensa del ex concejal del Ayuntamiento de Mieres, Juan José Menéndez Fernández, contra quien se ha querellado la Fiscalía acusándole de prevaricación y calumnia hacia el Magistardo de lo Social de Mieres.

Según parece, para la Fiscalía, el hecho de referirse a una realidad incontestable, como es que el titular del Juzgado de lo Social de Mieres es el marido de la Delegada  de Personal del Sindicato CSIF en el Ayuntamiento de dicha localidad, supone actuar con “temerario desprecio de la verdad” y de manera “calumniosa, solicitando una indemnización para el Magistrado de 3.000 Euros, cantidad que el querellado, Juan José Menéndez, ya ha tenido que depositar en concepto de fianza.

Todo ello viene de una entrevista publicada por el diario La Nueva España en la que el ex concejal (en el momento de la entrevista responsable aún del área de Personal en el Ayuntamiento de Mieres), hacía unas declaraciones en las que manifestaba su desagrado por lo que él entendía, desde la legítima defensa de los intereses municipales, como “perder juicios injustamente”.

Resulta evidente que el hecho de expresar el desagrado que le produce el hecho de que el Ayuntamiento haya perdido numerosos juicios no puede ser tomado como una afirmación –mucho menos como una acusación- de que el Magistrado hubiera podido dictar resoluciones injustas de forma consciente como, según parece, se interpretan las palabras de Juan José Menéndez. En todo caso, hay un amplio repertorio de sentencias dictadas por Su señoría, algunas muy peculiares como la de la funcionaria municipal que necesitando acudir al baño por una necesidad fisiológica, determinó que todo el equipo compuesto por varias personas hubiera de desplazarse de Siana a Mieres, sin que a juicio de su señoría eso fuera considerado como una falta sino como una costumbre. Se pueden citar algunas sentencias más, del mismo modo peculiares; citamos únicamente ésta a modo de ejemplo.

La fundamentación de la querella parece insinuar la existencia de una novedosa prerrogativa que convertiría a jueces y magistrados en ciudadanos inasequibles a la opinión o a la crítica -lo cual contradice frontalmente la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales “que no difiere sustancialmente, en cuanto tal, de la que puede dirigirse a los actos propios de otros profesionales, incluso los constituidos en autoridad, siempre que por su contexto, expresión y finalidad merezca aquella calificación, puesto que, aún reconociendo la posición de algún modo singular de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sus actuaciones, en cuanto personas públicas, no pueden permaneces inmunes al ejercicio del derecho a la crítica que ampara la libertad de expresión”

Por tanto pretender transmutar las declaraciones realizadas dándoles un sentido distinto a aquél con el que fueron hechas, provocaría un efecto a todas luces pernicioso, pues la labor de administrar justicia desarrollada por jueces y magistrados, en tanto que integrantes del Poder Judicial, es una manifestación, una más, del ejercicio de un poder del Estado y, como tal, ha de estar sometida a crítica y escrutinio por parte de la ciudadanía.

Todo ello supone, a juicio de los que suscribimos este escrito, una grave quiebra de las libertades de opinión y expresión, auténtico pilar de cualquier Democracia y de nuestro Sistema Constitucional, mayor aún, si esta restricción a las mencionadas libertades viene desde instancias que, en todo caso, han de ser valedoras y garantes de las mismas.

 



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