¡¡¡ no a las tutelas de niños y niñas por parte de instituciones y empresas !!!

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D. FRANCISCO FERNANDEZ MARUGAN    registro@defensordelpueblo.es

D. FRANCISCO VIRSEDA francisco.virseda@defensordelpueblo.es

POR UNA DEFENSORIA DEL PUEBLO QUE PONGA EN PRIMER TERMINO LOS INTERESES DE LA INFANCIA ¡¡¡ no a las tutelas institucionales ¡!!

hace unos meses enviamos al defensor del pueblo una peticion colectiva con esta misma propuesta.

Nos resondieron con este escrito:

En contestación al correo electrónico que nos remitió en pasados días, en el que nos expresaba su visión de los problemas que aquejan a los sistemas de protección de la infancia, me es grato informarle de nuestras actividades en este campo.

Esta institución, desde que inició su andadura, y como no puede ser de otra manera dentro del marco de su mandato constitucional y legal, ha trasladado a las administraciones competentes sus conclusiones, sugerencias y recomendaciones respecto a la protección de los derechos de los menores de edad en marco del sistema de protección a la infancia vigente en España.

Así mismo anualmente venimos informando a las Cortes Generales de todas estas actividades. 

Las reclamaciones que recibimos sobre menores en situación de riesgo o desamparo proceden, en la mayoría de los casos, de padres, madres y familiares no conformes con la actuación de la Administración, que ha dispuesto la separación de los niños de su entorno familiar.

Nuestra actuación se dirige en tales casos a verificar el respeto de los derechos de todas las partes afectadas. También examinamos y supervisamos el funcionamiento de los centros y los recursos de acogida.

Precisamente en el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017, que puede usted consultar en nuestra página web institucional https://www.defensordelpueblo.es se hace hincapié, entre otras cuestiones, en que la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, tras la reforma de 2015, acoge como principio rector de la actuación administrativa de protección de menores el mantenimiento en su familia de origen, y en caso de que no sea posible la prioridad del acogimiento familiar frente al institucional. Se trata de una apuesta decidida por que los menores separados de su familia sean atendidos en otra familia antes que en un centro.

Sin embargo, preocupa al Defensor del Pueblo el elevado número de niños que se encuentra en acogimiento residencial. El acogimiento residencial predomina como primera medida de protección, transformándose en parte, a medio y largo plazo, en acogimiento familiar.

Por eso estimamos necesario un cambio profundo en las actuaciones administrativas, así como poner en marcha medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la adopción.

Por otra parte, si bien es sin duda es necesario que el sistema de protección de menores sea eficaz, y para ello ha de poder reaccionar con rapidez ante casos de abandono, abusos o malos tratos, que por desgracia en ocasiones se producen, dado que pueden generarse errores o injustas apreciaciones de la situación, el Defensor del Pueblo considera necesario examinar el modelo procesal de oposición a las medidas administrativas de protección de menores, con el fin de reducir sensiblemente los tiempos judiciales y, en caso de que ello no se considere posible sin merma de los derechos de las partes, variar dicho modelo hacia un sistema de examen y ratificación judicial obligatoria de las decisiones administrativas.

También hemos formulado una serie de Recomendaciones al Ministerio de Justicia y a las consejerías competentes de las Comunidades Autónomas, respecto a los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados y Tribunales. Puede usted consultar estas recomendaciones también en la página web del Defensor del Pueblo que antes le cité.

En consecuencia, esta institución estudia y tramita si procede cualquier queja concreta que se reciba sobre actuaciones administrativas que impliquen una infracción de la normativa en vigor y vulneren derechos constitucionales, actuando ante las administraciones competentes al objeto de esclarecer las cuestiones que se planteen, formulando en su caso recordatorios de deberes legales, sugerencias o recomendaciones respecto al  asunto concreto de que se trate.

Ahora bien,  dentro de nuestras funciones no se encuentra modificar o dictar actos administrativos ni tampoco revisarlos ni anularlos, ni mucho menos recomendar de forma genérica la revisión global de toda las tutelas que, en el marco del sistema de protección de la infancia, se hayan constituido a favor de la Entidad Pública de Protección, ya que, de acuerdo con nuestra leyes administrativas y de protección de la infancia, la irregularidad administrativa y la validez d los actos administrativos se supervisa en cada caso y procedimiento concreto.

Actuar de esta manera constituiría, cuando menos, una clara extralimitación de nuestras funciones, razón por la cual no podemos en modo alguno proceder de esa forma.

Agradeciéndole muy sinceramente sus opiniones y la confianza que deposita en esta institución, le envío un afectuoso saludo, 

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Ante esa respuesta, en la que por un lado se reconoce la necesidad de una intervencion mas rápida y tambien que los niños y niñas sometidas a la lentitud de la justicia son los perjudicados y por tanto no de cumple el interes superior del menor. Nos reafirmamos en nuestra peticion que coincide con una parte de su respuesta:

1,. hacemos nuestra la posición de la Defensoria del pueblo :

Sin embargo, preocupa al Defensor del Pueblo el elevado número de niños que se encuentra en acogimiento residencial. El acogimiento residencial predomina como primera medida de protección, transformándose en parte, a medio y largo plazo, en acogimiento familiar.

Por eso estimamos necesario un cambio profundo en las actuaciones administrativas, así como poner en marcha medidas adicionales que incentiven el acogimiento familiar y la adopción.

y añadimos que se abra cuanto antes , por el organismo que corresponda, a petición del Defensor del pueblo una investigación sobre las tutelas adminisrativas de los ultimos diez años. Tal como dice la Defensoria, el acogimiento residencial es el que predomina, y a medio plazo la adopción. Es inaceptable que la familia biológica y extensa sea la ultima a la que se acude y que el niño, pase media infancia de un lado a otro, con el consiguiente daño en su maduracion afectiva y cognitiva.

50.000 menores de 18 años tutelados por la administración autonómica, de ellos 23.000 en centros de acogida y 7.000 en centros de reforma (parecidos a cárceles). Veinte mil mas están con familias de acogida muchas veces con entradas y salidas de esas familias para volver a los centros en una cadena que solo crea problemas al menor y a las familias de origen.

2.- Hacemos nuestro tambien este comentario de la defensoría:

Por otra parte, si bien es sin duda es necesario que el sistema de protección de menores sea eficaz, y para ello ha de poder reaccionar con rapidez ante casos de abandono, abusos o malos tratos, que por desgracia en ocasiones se producen, dado que pueden generarse errores o injustas apreciaciones de la situación, el Defensor del Pueblo considera necesario examinar el modelo procesal de oposición a las medidas administrativas de protección de menores, con el fin de reducir sensiblemente los tiempos judiciales y, en caso de que ello no se considere posible sin merma de los derechos de las partes, variar dicho modelo hacia un sistema de examen y ratificación judicial obligatoria de las decisiones administrativas.

Añadimos que es urgente frenar la entrega de niños a personas o instituciones. Es urgente apoyar a las familias biológicas y extensas para que sean ellas quienes tengan las patria potestad y custodia como primer recurso y sea excepcional la entrega a centros que en todo caso han de ser publicos, terminando de una vez por todas con la privatizacion de los centros de menores y de toda la cadena de atencion al menor.

3,- una reunión en el más breve plazo posible en la que estemos presentes un grupo numeroso de personas firmantes de este escrito, junto a profesionales del derecho y de la psicología y pegadogía que sirva de base para un compromiso a medio y largo plazo de enfocar las tutelas y los conflictos familiares como síntoma de un problema complejo, que hasta ahora no se ha abordado en su profundidad.

4.- La red de atención al menor: pediatras, escuelas, psicólogos, etc.  Actúa  de manera descoordinada, deficiente y condicionada a los vaivenes de la lenta justicia española. Esto hace que las situaciones de acoso:   escolar, sexual, o del ambiente, se detecten muy tarde cuando ya tiene poco remedio. Los 50.000 casos de tutelas en manos de las diversas administraciones públicas, que a la vez delegan en entidades privadas son la consecuencia de esa descoordinación de la red de atención a menor.

5.- Dentro de la red de atención la escuela española, con planes de estudios que cambian lo accesorio y mantienen la clase magistral como eje, y en la que apenas se tiene en cuenta los intereses de la infancia, es la causa del elevado índice de fracaso académico, y del escaso avance en la conciencia de respeto al “otro” así como el elevado índice de abuso y maltrato de las mujeres. Esa situación general de la que hablan las estadísticas,  es la que luego produce los desencuentros familiares y  conflictos

6.- los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados de familia, tienen una composición poco profesional y muchos de sus puestos se rellenan sin una oposición. Este modo de cubrir los puestos en los psicosociales son la causa de muchas arbitrariedades y , poca consistencia en los informes con los que los jueces han de tomar sus decisiones.  Es preciso revisar la composición de estos equipos y coordinar con los informes que emiten médicos y forenses de la sanidad pública, en aquellos casos que se recurre a diagnósticos de supuestos o reales enfermedades psíquicas de los progenitores y familias de acogida.

7.- En  esa reunión que pedimos en el punto 3, inicio de otras hasta encontrar  vías de solución, se planteará un revisión a fondo de las tutelas en los últimos años, para, mientras se resuelven los casos más graves e injustos, se inicien cambios legislativos a instancias del Defensor del pueblo español, que reviertan la situación grave en la que vive nuestra infancia.

8.-La Defensoría ,  usando sus competencias , a través de la comisión conjunta Congreso – senado buscará canales para que de manera urgente desde la comisión de infancia y adolescencia se dote de medios humanos y técnicos para llevar adelante los puntos que se señalan en este escrito. Muchos de esos puntos están contenidos en los informes Unesco sobre educación, de manera especial en el de 1972 “informe Faure”. Aprender a ser. Si ese informe se hubiera incorporado a nuestra legislación y a nuestras normas de convivencia y educación propios de la época de las tecnologías de la imagen y la cibernética no tendríamos las consecuencias que señalamos al principio

En el anterior escrito les adjuntamos una lista de mas de 60 casos que han salido en la prensa denunciando esta situacion.

Ahora les añadimos ese enlace de algunas de las muchas peticiones que les estan enviando por parte de muchas familias des todo el estado

https://www.facebook.com/notes/familias-para-la-sociedad-del-siglo-xxi/peticiones-a-organismos-y-recogidas-de-firmas-sobre-infancia/851978868336891/

Este escrito va a circular por todas las redes sociales, y tambien lo enviaremos a los grupos parlamenarios. esperamos que entre todos se busque el camino mas corto para terminar con todo el dolor y sufrimientos de miles de madres y familias por este sistema de desatención a la infancia.

En los ultimos días desde el nuevo gobierno se esta reconociendo que las agresiones a la infancia son un grave problema, por tanto lo que pedimos, es solo cumplir aquello que las instituciones ya reconocen

En espera de sus noticias les saludamos atentamente

Asociacion de familias para la sociedad del siglo XXI

Victoriano Fernandez Fernandez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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