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Las citas para huellas son parte del derecho a la documentación

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Los afectados por la problemática de obtención de citas para huellas que suscriben
el presente escrito, en apoyo a los esfuerzos que vienen realizando distintas
organizaciones, asociaciones, colegios profesionales y abogados de forma
individual,

DICEN

Que, debido  a que se está impidiendo sistemáticamente a través de la actuación de la Administración Pública el acceso a derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros en España, ya desde antes de la situación del Covid y agravada por las decisiones adoptadas por la Administración afectada a partir de la pandemia, venimos a presentar una queja en relación al SERVICIO DE TOMA DE HUELLAS PARA EXPEDICIÓN DE TARJETA A LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS, servicio
que presta la COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS
(DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA), en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- El sistema de cita previa informático no da las citas suficientes para
que el interesado pueda conseguirla de una forma adecuada, obligándole a
pasar horas, días, semanas y meses hasta que puede conseguir una cita, en
muchos de los casos aún así sin éxito, teniendo conocimiento de ciudadanos
que llevan sin conseguir su cita desde el año 2019.

El sistema incluso emite citas de madrugada: una de la mañana, tres de la
mañana, cinco de la mañana...

SEGUNDO.- Ante esta situación el interesado se ve obligado a recurrir a
personas que puedan tener disponibilidad horaria para la gestión, produciéndose
así un mercadeo de citas previas.

TERCERO.- Al convertirse la cita en un bien escaso, aumenta su valor dinerario,
siendo objeto de aparición de mafias que incluso, (y es sabido por los medios de
comunicación), ha provocado apertura de diligencias policiales dentro de este
servicio de toma de huellas.

CUARTO.- Que esto es así antes de la aparición de la pandemia, y a pesar de
ello, la autoridad competente, anuló, a partir del Estado de Alarma del 14 de
marzo, todas las citas que ya se habían asignado, todas ellas conseguidas con
un esfuerzo incalculable, sin que la Administración diese ningún tipo de
explicación ni solución a las personas afectadas.

Que se han mantenido totalmente cerradas durante todos los meses del Estado
de Alarma sus dependencias, no siendo entendible, por tanto, que en esos
meses no se hubiera previsto y planeado una solución al respecto, demostrando
(aunque la realidad sea distinta) un total y absoluto desprecio ante la situación
de los ciudadanos extranjeros de los que tienen encomendados su función
pública y hacia quien va dirigido su trabajo y su labor.

Ha de tenerse en cuenta, que todos los afectados son titulares de autorización
de residencia o estancia en España por cuanto si no, no podrían realizar la toma
de huella.

Es la Administración, de hecho, quien les obliga a realizar este trámite. La
Administración les obliga y al mismo tiempo se lo impide: El artículo 205.1 del
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social dice que: Los extranjeros que se encuentren en
territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar, en vigor, la
documentación con la que hubieran efectuado su entrada en España, la que
acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de
origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.
Es urgente que se apliquen los mecanismos necesarios para el efectivo ejercicio
de este derecho y obligación.

QUINTO.- Que los afectados tenemos conocimiento de que el Defensor
del Pueblo ha emitido ya recomendación al Ministerio del Interior para que se
solucione esta situación, sin embargo, les informamos de que a pesar de que
puedan reportarles datos de que la situación se va mejorando, en la práctica
esto no es así, incluso cada vez es más complicado conseguir una cita previa en
la mayoría de las provincias.

La medida de prorrogar la vigencia de los documentos no ha servido para paliar
la situación ya que solo afecta a los documentos caducados durante el Estado
de Alarma y se cancelaron las citas de todos los documentos caducados antes
del decreto. Por otra parte, ni empresas, ni empleadores, ni entidades
particulares conocen esta normativa y no se puede exigir, por ejemplo, en
servicio doméstico, que se conozca la intrincada legislación de extranjería al
respecto, ni a empleados ni a empleadores.

SEXTO.- Que esta situación es inadmisible por cuanto el hecho de que el
ciudadano tenga su tarjeta de residencia caducada produce:
1- Que las entidades bancarias les impidan realizar los movimientos de sus
cuentas de forma libre.
2- Que se les impida acceder a sus puestos de trabajo por el temor de los
empleadores a estar incumpliendo la legislación al respecto. Es comprensible
que ante el temor de sanciones las empresas solo se fíen de la situación regular
del trabajador a través de la tarjeta de residencia en vigor.
3- Respecto a la Administración Pública hemos observado:
-Exigencia de la tarjeta de residencia en vigor para tramitar las prestaciones y
subsidios del SEPE.
-Imposibilidad de Canje del Permiso de Conducción.
-Imposibilidad de nueva alta en la Seguridad Social como trabajadores.
-Trabas para acceder a la sanidad pública.

Todas estas situaciones son inaceptables en un Estado de Derecho por lo que la
solución es urgente, y en vista de que se continúa con el mismo sistema de citas
previas que se ha demostrado que no es efectivo y en consideración a que no se
puede requerir que los funcionarios que gestionan las huellas atiendan a más
personas por riesgo y miedo a ser contagiados, proponemos las siguientes
medidas a las autoridades competentes con el único propósito de demostrar que
existen soluciones y que se puede cambiar esta situación:

-Que sea el propio funcionario que emita la resolución de una nueva concesión
de autorización o de renovación de residencia o estancia, en la propia
resolución, quien asigne la fecha de cita para huellas, tal y como se venía
haciendo hace años. Prueba de que este sistema es viable, es que la oficina de
extranjería de la Delegación del Gobierno en Navarra la está aplicando con
buenos resultados.

- Apertura de agenda de citas aunque suponga asignación de citas para dentro
de meses o años, lo que conseguiría acabar con el problema del mercadeo, ya
que el propio interesado podría tramitar su cita en cualquier horario. (No requiere
partida presupuestaria y es una medida que han tomado otros organismos como
el Registro Civil Único de Madrid con muy buen resultado).
También posibilitaría tener una prueba documental de su gestión para poder
acceder a sus puestos de trabajo (hemos observado, por ejemplo, que distintas
empresas piden que al menos el trabajador tenga el resguardo de cita previa
para dejarle acceder a las obras).

-Puesta a disposición de un correo electrónico que atienda las consultas
informativas para particulares y otro para profesionales (Es también un medio
existente en otras administraciones como las oficinas de extranjería, registros
civiles, etc).

-Habilitar un apartado en el sistema telemático de cita previa para citas
preferentes y urgentes (por ejemplo, solo para aquellos documentos que lleven
más de tres meses caducados).

-Favorecer la comunicación y colaboración entre letrados y Administración
Pública a través de nuestros colegios profesionales, tal y como se ha
conseguido para la tramitación de los expedientes de solicitudes de residencias
y estancias o para las solicitudes de nacionalidades españolas.

-Que se ponga en valor que el letrado, a través del ejercicio de su profesión, es
el único que conoce todo lo que implica esta situación en su conjunto, ya que es
el único que tiene oportunidad de asistir al cliente en toda la problemática que le
surge y que se nos considere como un medio para que la gestión administrativa
pueda ser más fluida y eficaz.

Que todas estas propuestas, son de fácil implantación y prácticamente no
suponen un gasto para la Administración, por lo que no se entiende que se siga
manteniendo esta situación que provoca: una total indefensión en el interesado,
objetivo atractivo para la delincuencia, mercadeo, y, tal y como ha expresado el
propio Defensor del Pueblo: una situación "incompatible con los principios del
servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad, proximidad y eficacia en
la asignación y utilización de los recursos públicos previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.”


Por todo lo expuesto:

Al no poder ser documentada la identidad de una persona por la inactividad de
las Administraciones Públicas, sea cual fuera la razón de la carencia sostenida
de citas en las oficinas implicadas, constituye, a nuestro juicio, una grave
violación de derechos constitucionales, produciendo además una evidente
indefensión, violando con esta inacción por parte de la Administración derechos
fundamentales, al no proporcionar a los ciudadanos extranjeros la oportunidad
de poder hacerse con la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) a la cual tienen
derecho:

SOLICITAMOS que, teniendo por presentado este presente escrito en tiempo y
forma, se proceda a su admisión, y al efecto:


1. Se inste a las Administraciones Públicas aquí mencionadas a habilitar una
plataforma o sistema de citas previas expeditivo y eficiente que permita a los
ciudadanos extranjeros realizar los trámites necesarios para obtener la
documentación acreditativa de su identidad.

2. Que se tome en cuenta este asunto con la inmediatez y gravedad que
requiere, para acelerar en la medida de lo posible las acciones administrativas y
jurisdiccionales correspondientes

Firman y consienten la publicación del presente documento: