NO más funcionarios públicos con títulos falsos en Colombia

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El hecho de la veracidad en la información que ofrecen los funcionarios para obtener un puesto de trabajo y mejorar la remuneración en el Gobierno se ha convertido en un verdadero problema en Colombia. Algunas instituciones académicas en el Exterior han aclarado que los políticos colombianos evidentemente no cursaron ninguna especialización, o maestría, y peor aún, tampoco lograron el máximo nivel de un Sistema Internacional de Cualificaciones: El Doctorado (Ph.D).

Esta petición se hace siguiendo el honor a la verdad pública y a la posibilidad de una nueva cultura política en Colombia que permita un verdadero ejemplo a la ciudadanía. Especialmente porque en ningún caso, las comprobaciones empíricas han destituido a parlamentarios como tampoco han tenido consecuencia legal o el desprestigio público social.

La verdad del currículo de vida y la experiencia tampoco cuentan con el respaldo Institucional. La  Procuraduría General de la Nación, la entidad que en Colombia salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas consagrado en Constitución Política y en el juramento de alcaldes, senadores, candidatos presidenciales y funcionarios de las diferentes carteras del Estado, ha recaudado todas las pruebas pero ha decidido archivar los procesos. ¿Qué significa que las entidades encargadas de llevar a cabo los controles no pongan en regla estas situaciones?  No es un simple problema moral o ético, pues no solo alguien ha promocionado su carrera pública con mentiras, sino que además no queda claro cuál entidad colombiana es responsable de la verificación pública de las credenciales de candidatos y funcionarios. En Alemania se han cancelado varias curules parlamentarias por solo parafrasear un párrafo en la tesis doctoral sin el debido procedimiento de citación. Si permitimos en que en Colombia se siga mintiendo sobre lo elemental corremos el riesgo de ser administrados por Gobernantes lo seguirán haciendo por pura ambición pues se validaron a través de mentiras.

Debe cambiar el fraude científico y la violación de los códigos estandarizados del comportamiento ético en actividades profesionales y laborales en Colombia. No justificamos ninguna motivación para llevar a cabo una mala conducta profesional como la de engrosar la hoja de vida con títulos falsos. Hay que sancionar y erradicar la distorsión intencional del proceso de selección de la función pública para prevenir y reparar la vulneración de la justicia para el fortaleciendo de las instituciones y la participación. Esto como un primer eslabón para iniciar la cultura de la legalidad y la veracidad en la política.

¿Cómo Cambiar esto?

La valoración de los antecedentes laborales (logros académicos y laborales) es un instrumento de selección, predictor del desempeño de los aspirantes en el concurso. Busca evaluar el mérito mediante el análisis de su historia académica y laboral relacionada con el empleo en concurso. En este proceso se valoran mínimo tres aspectos: 1. Experiencia profesional adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias con título que conforman el pensum académico de la respectiva Universidad 2. Experiencia relacionada o la verificación del ejercicio de empleos que tengan funciones similares a la del cargo a proveer y 3. La experiencia profesional que se acreditará mediante la presentación de constancias escritas de la experiencia laboral.

El puntaje directo obtenido en cada factor se ponderará según el peso porcentual, y la sumatoria de estos resultados será la calificación total de los logros académicos y laborales. Sobre un total de 100%, los factores de Educación generalmente se evalúa por un 60%, y  la Experiencia por 40%. Dado que no existe "policía científica" que este entrenada para combatir un Fraude de veracidad en la hoja de vida, se espera reforzar la institucionalidad pública del Estado a través del tres acciones. 1) reforzar los procesos de verificación en del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP 2) incrementar o tipificar una medida sancionatoria por parte la Procuraduría General cuando se demuestre que se incurrió en un fraude científico y 3) alentar a la ciudadanía para que prevenga y denuncie este primer eslabón de la corrupción de los funcionarios.



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