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Las personas abajo firmantes denunciamos que el artículo seis del Anteproyecto de Ley que modifica el artículo 25, apartado 2. e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), establece que los municipios ejercerán en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras la Evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
El artículo ocho del mismo modifica el artículo 27, apartado 4. c) de la LRBRL, establece que con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía, y en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, la competencia de la prestación de los Servicios Sociales.
Finalmente, el artículo nueve, dispone que se suprime el artículo 28 de la LRBRL.
En la legislación vigente, la Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, es competencia de los Municipios de más de 20.000 habitantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, apartado 2 k), de la LRBRL.
Ante todo ello las personas abajo firmantes
MANIFESTAMOS
1. Que estas medidas, de llevarse a cabo, pueden significar un atentado a la autonomía local que la Constitución otorga a los municipios, así como a los tratados europeos que establecen los Servicios Sociales como servicios de interés general en la Unión Europea.
2. Que provocarán la vulneración de los derechos de las personas, derechos en su mayoría subjetivos y que emanan de otros marcos legislativos estatales y autonómicos.
3. Que significarán la pérdida de la territorialidad como valor añadido a la tarea de los y las educadoras sociales y, en general de los Servicios Sociales, y no únicamente como delimitación geográfica administrativa o competencial. El Catálogo de referencia de los Servicios Sociales, define el principio de Proximidad: La prestación de los servicios sociales se realizará desde el ámbito más próximo a las personas, favoreciendo la permanencia en su entorno habitual de convivencia y la integración activa en la vida de su comunidad. Se favorecerá la adaptación de los recursos a la comunidad, con la participación de las personas interesadas.
4. Que impedirán el Trabajo en red (transversalidad, vinculación social.....). Como sistema, los servicios sociales son un nudo más de la red de un territorio. Con la recentralización de competencias se destruyen las sinergias entre los diferentes sistemas municipales.
5. Y que su resultado será la privatización y liberalización total de los servicios, (el Anteproyecto habla de: “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”), y la supresión de la necesaria cooperación público – privada. Obviamente, debemos entender el valor añadido que aporta la especialización del sector privado como complementario y no sustitutivo de las acciones del sector público. El sector público tiene que ejercer aquellas competencias que le son propias sobre los niveles de calidad que tienen que tener todos los servicios.
Y DENUNCIAMOS
6. Lo que de ataque al estado del Bienestar y de las consecuencias que ello está teniendo y tendrá con esta reforma legislativa en las vidas y en los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
7. La invasión de competencias del Estado con los marcos legislativos de muchas de las Comunidades Autónomas y Municipios del Estado Español que han aprobado y desplegado un modelo de Servicios Sociales, de acuerdo con la realidad territorial y con el marco legislativo y competencial.
8. Que se proponga, además, desde la ignorancia de las propias medidas que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está aprobando, como el Catálogo de referencia de los Servicios Sociales, catálogo aprobado por el Consejo territorial de Servicios sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la Dependencia, que establece entre sus principios: Universalidad, Responsabilidad pública, Igualdad, Equidad, Prevención y dimensión comunitaria, Promoción de la autonomía personal, Atención personalizada e integral, Inserción y normalización, Proximidad, Solidaridad, Calidad, Participación y Cooperación y colaboración.
9. Y que esté inspirado en el retorno a modelos asistencialistas y de beneficencia atendiendo al hecho que el Anteproyecto únicamente está basado en la rentabilidad económica dejando al margen la rentabilidad social y los intereses y las necesidades de las personas, grupos y comunidades.
En definitiva, los cambios propuestos por el Gobierno del Estado pueden llevar a una situación de indefensión de las personas, colectivos y comunidades más vulnerables de nuestros pueblos y ciudades, por lo que
DEMANDAMOS
Que sea retirada la propuesta y se inicie un proceso de participación y de búsqueda de consenso con los diferentes niveles administrativos, profesionales y de personas para responder así a los verdaderos intereses de la ciudadanía.

Letter to
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristobal Montoro
Retirada del Anteproyecto de Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local