ELEVAR LAS PENAS DE CÁRCEL PARA DELITOS COMETIDOS POR POLÍTICOS

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Vivimos un momento delicado en nuestro país. La corrupción institucional tiene proporciones dramáticas. Afecta de forma terrible a la prosperidad y bienestar de los ciudadanos de España y daña la imagen exterior del Estado.

Los representantes electos y la clase política en general, absolutamente necesarios para la gestión de lo público, están hoy en su momento más bajo de consideración social.

Por si fuera poco, la respuesta penal ante este tipo de delitos es muy limitada. El sistema permite que los corruptos tengan facilidad para lucrarse de forma ilegal desde la comodidad de un cargo electo o de libre designación, afrontando solo una eventual condena a unos pocos años de cárcel en el hipotético caso de ser procesados por una Justicia falta de medios. El estado de impunidad es preocupante.

Según el CIS, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo por detrás del pertinaz paro.

Algunos estudios han cifrado la corrupción institucional en 87.000 millones de euros anuales, una cifra que se acerca al 8% del PIB del país y supone más del doble del presupuesto de todos los ministerios del Estado. Más del 50% de esta cifra se estima en sobrecostes pagados en contratos públicos. Cierto es que el mayor beneficio de esta corrupción no suele caer en los cargos representativos que la hacen posible, pues suelen ser intermediarios de la misma, pero sin la acción u omisión de estos no tendría lugar.   

La propuesta que someto a tu consideración a través de esta plataforma es la siguiente: elevar drásticamente en el Código Penal las penas por delitos patrimoniales o económicos cometidos por representantes electos, cargos de libre designación y cargos orgánicos de partidos políticos o sindicatos.

Debemos evitar que la política sea un mercado rentable para los corruptos. Cualquier delito de esta clase cometido por uno de los actores citados es de una gravedad inmensa, pues atenta contra las bases constitucionales de nuestro Estado social y democrático de derecho. Además del ataque directo contra los bienes jurídicos protegidos de cada precepto penal concreto, estos delitos indirectamente destruyen bienes jurídicos personalísimos de los individuos al limitar los recursos del Estado para afrontar con mayor solvencia los problemas que se dan ámbitos como la sanidad, la educación, la justicia o la ayuda social. 

Trampear desde la política con lo público es atacar a la totalidad de las personas que delegamos esa enorme responsabilidad en terceros, una traición absoluta contra los valores fundacionales de nuestro Estado y un desprecio absoluto por las graves consecuencias socioeconómicas que esto genera.

Además de incorporar penas más graves para representantes electos, cargos de libre designación y cargos orgánicos de partidos políticos o sindicatos, es fundamental establecer previsiones para garantizar la recuperación del dinero público, de manera que las elevadas penas solo puedan disminuirse si se devuelven los activos, de forma mucho más taxativa en estos casos que los supuestos recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El Derecho Penal tiene irretroactividad cuando afecta negativamente al reo, de forma que estas penas no se aplicarían a los numerosos casos que ya han tenido lugar o a los que actualmente están siendo juzgados, pero sí servirá como una purga frente a aquellos que pretendan ganar dinero de forma ilícita a través de la política en el futuro, mejorando el mapa de representantes del país. Es una realidad que para que esta propuesta funcione al 100%, tendrán que unirse otras que sirvan para dar independencia y mejores medios materiales a la Justicia, pero sin duda ejercerá un poderoso efecto disuasorio frente a quienes se plantean el mundo de la política como un negocio personal.   

El objetivo de esta propuesta es conseguir una masa crítica suficiente de apoyos para dirigirnos con ella a nuestros representantes parlamentarios de distintas fuerzas políticas, así como a la Defensora del Pueblo y a los medios de comunicación para forzar este cambio legislativo necesario para reconducir la trayectoria perversa y nociva que ha tomado nuestra clase política.

No llevarlo a cabo, dadas las circunstancias, solo manifestaría un deseo de proteger una situación de privilegio para los políticos corruptos. Los representantes electos y los cargos de designación directa que dependan del dinero de todos deben ser íntegros y no deberían temer, dada su incidencia en la sociedad, que su responsabilidad penal fuese más elevada en varios órdenes de magnitud a la que actualmente existe, del todo insuficiente.

Las pequeñas decisiones que tomamos cotidianamente (apoyos, consumo, comportamientos, elecciones…) tienen más valor del que creemos y suman para hacer del mundo un lugar mejor. Por eso te pido que tomes en consideración esta propuesta, pienses en tu fuero interno si la consideras correcta y, en caso afirmativo, la apoyes.   



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