Falta de Imparcialidad de los Jueces, como causa de un grave quebrantamiento institucional

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Eduardo Fernando Madariaga Mazzinghi lanzó esta petición dirigida para Corte Suprema

La Falta de Imparcialidad de los Jueces, como causa de un grave quebrantamiento institucional. al actuar de ese modo, con falta de imparcialidad, no son jueces sino verdugos de una venganza que tiene por propósito aplicar la vieja ley del talión. VER LINK

 

Las Actas Administrativa de la Corte Suprema de “reasignar causas de derechos humanos de todo el país”, por el cual han nombrado cuatro ministros en visita, Vicente Hormazábal, de la Corte de Apelaciones de La Serena,  Mario Carroza Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, Álvaro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco. Afectando, la competencia que corresponde a Ministros de la Corte de Apelaciones, que están conociendo sobre tales materias y que mediante este Acta Administrativa lo están haciendo fuera del territorio jurisdiccional; donde ejercen su competencia.(…) Llama la atención de este disidente, que la mayoría de los procesos a los cuales se ha nombrado un ministro en visita, han sido resueltos afectando el debido proceso, apartándose e infringiendo las normas constitucionales,  afectando derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile

 

En este punto la Corte Suprema  olvida que las materias de las que se hace cargo el Acta Administrativa son propias y exclusivas del dominio de la Constitución Política, por ende, ya desde su inicial acercamiento al tratamiento del tema, se desconoce la inconstitucionalidad competencial de que adolece esta Acta, ya que la Carta Fundamental  establece una reserva de ley orgánica y funcional, la que es evidente y que a nuestro juicio se agrava si consideramos que esta normativa infra legal, regula cuestiones que afecten el mero funcionamiento interno de los tribunales de justicia, en cuestiones de derechos fundamentales, estableciendo condiciones y requisitos para su ejercicio,.

 

La cuestión del tribunal competente o de la predeterminación legal del juez está estrechamente ligada a los derechos fundamentales. En efecto, todas las normas de competencia están vinculadas con el resguardo del derecho al juez predeterminado, derecho que está consagrado en la propia Constitución en el artículo 19 N° 3, inciso 5°, que dispone que: "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho"3.  El art. 2 del Código Procesal Penal complementa este principio al señalar nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. El art. 157 COT dispone que: será competente para conocer el tribunal en cuyo territorio jurisdiccional se hubiere cometido el hecho que da motivo a la iniciación del proceso. El delito se entenderá cometido en el lugar donde se dé inicio a su ejecución. 

Constitución Política articulo 19 numeral 3° Inciso sexto Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos

En el mismo sentido el artículo 76, inciso primero, de la Constitución, señala: .La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, Estos jueces no han sido establecidos por la ley sino por una mera Acta Administrativa la cual adolece de Competencia y Jurisdicción

La falta de una imparcialidad absoluta en los Jueces llamados a dirimir un conflicto sometido a su conocimiento jurisdiccional y Competencial importa una severa infracción a los principios del debido proceso. El debido proceso es un derecho humano de la más alta categoría y, como tal, es una garantía constitucional establecida para todas las personas. La magistratura que atropella dicha garantía observando o permitiendo observar una conducta jurisdiccional parcial -aun cuando ella se excuse sosteniendo que se trata de investigar y sancionar posibles delitos de lesa humanidad u otra figuras que importen lesión grave a bienes jurídicos de importancia innegable- al actuar de ese modo, con falta de imparcialidad, no son jueces sino verdugos de una venganza que tiene por escondido propósito aplicar la vieja ley del talión.

 

Todo el estado de derecho chileno reposa, en cuanto a la aplicación de sus leyes, en un Poder Judicial que actúe siempre, sin ofrecer dudas, conforme a las normas más esenciales del debido proceso. Desvanecido o desdibujado este principio rector, toda idea de justicia queda reducida a una expresión mínima o nula, en la cual solo puede sobrevivir, a duras penas, la apariencia hipócrita y formal de una justicia aparente pero no real.

La imparcialidad de los jueces es la piedra angular sobre la que reposa el principio del debido proceso judicial, aplicable a toda clase de conflictos sometidos al conocimiento de nuestra administración de justicia.

Cuando esa imparcialidad -esencialmente requerida- se ha perdido o se encuentra severamente dañada, por cualquier motivo como es la prevaricación, todos los demás elementos que integran el principio del debido proceso no son más que meras formalidades que, aún en los casos en que se encuentren aparentemente cumplidos, solo contribuyen a esconder un vicio sin solución respecto de toda verdadera noción de justicia.

La incompetencia del tribunal y su sanción 

La CPR ha encargado expresamente a los tribunales, órganos públicos la función jurisdiccional competencial , para lo cual deberán ejercerla dentro del marco de sus atribuciones, artículos. 19 numeral 3 inciso 4° 76 y 6, 7 CPR. Artículo 6°. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República Artículo 7°. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley CPR Artículo 7 Inciso final Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señalaSi un tribunal actúa fuera de la competencia que le ha entregado la ley, adolece de nulidad según el art. 7 inc.3 CPR. 

 

 

 

 

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