Victoria

La mayor participación de Abogados en las elecciones del Consejo de la Magistratura

¡Esta petición alcanzó el cambio con 143 firmas!


Asunción, 10 de julio de 2019

Señor Ministro

S.E. Prof. Dr. EUGENIO JIMENEZ, Presidente

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E.                                  S.                                  D.

De nuestra consideración;

Quienes suscriben, Abogados de la matrícula, nos dirigimos a V.E. y por su intermedio a los demás miembros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en consideración al desatinado pedido realizado por el Colegio de Abogados del Paraguay ante el máximo órgano judicial, con el fin de excluir del padrón a los Abogados que cumplen funciones en entidades Públicas, intentando  de esta manera cercenar el derecho constitucional de elección libre y democrática de los representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura.

En tal sentido manifestamos: 1) el Colegio de Abogados del Paraguay NO NOS REPRESENTA y tampoco representa a los colegas del sector Privado, ya que sus asociados activos ni siquiera alcanzan el 2% del total de matriculados ante la CSJ. 2) Expresamos nuestro repudio a la vergonzosa solicitud realizada, carente de sustento jurídico razonable, que no hace más que esconder obscuras intenciones e intereses mezquinos, de una minoría que intenta enquistarse en órganos constitucionales sin contar con la posibilidad de obtener una representación legítima ante una institución tan trascendente para la Justicia Paraguaya.

La infundada y lacónica solicitud, en un evidente atropello a la inteligencia para cualquier Profesional del Derecho, realizando una interpretación improcedente, omite adrede la correcta disposición prevista en el Art. 262 inc.4 de nuestra Carta Magna, norma que bajo ninguna circunstancia distingue entre colegas que desempeñen una función pública o privada, tampoco el artículo de referencia, discrimina entre litigantes, pasilleros, asesores o funcionarios. Tal es así, que el principal y único requisito de participación en los comicios del gremio, está dado conforme a la obtención de la matricula profesional, otorgada por la C.S.J. por ende, cualquier disposición que intente disponer lo contrario resulta inconstitucional.

Debemos mencionar aquí además el grave error en el que incurre el Colegio de Abogados, ya que a interpreta inversa de la Constitución Nacional parte de leyes de rango inferior para obtener sus conclusiones, cuando estas últimas deben ser interpretadas a la luz de la Carta Magna y concordantes con ella.

Tan pobre e intelectualmente desesperado resulta la propuesta encarada, que quienes se esconden detrás, olvidaron de realizar al menos un estudio acabado del tema, ya que si tan solo recurrieran a los libros de sesiones de nuestra Carta Magna, hubiesen descubierto que nuestros convencionales en la SESION ORDINARIA N° 37 de fecha 2 DE JUNIO DE 1992, hartamente debatieron sobre quienes elegirían a los representantes del gremio ante el Consejo y democráticamente han acordado que TODOS LOS MATRICULADOS tengan tal posibilidad. En palabras del CIUDADANO CONVENCIONAL BERNARDO VILLALBA: “…no es irreflexivo pensar en la participación pluralista, en la participación de todos los miembros de un estamento para la elección de sus representantes. Es absolutamente justo que todos, absolutamente todos los miembros del estamento de los abogados tengan la posibilidad de elegir y ser elegidos para representar a este estamento que es suyo”. (Moción aprobada por los constituyentes).

La pretensión de segregar a los Abogados funcionarios públicos, degradándolos a una categoría inferior transciende no solo en la vulneración de la libertad de elección, sino también, a los principios constitucionales de Igualdad dispuestos en los Arts. 46 y 47 de la C.N.

Por otro lado, la incompatibilidad descripta en el Art. 97 del COJ, no colisiona con el Derecho a sufragar, ya que el artículo en su redacción pretende precautelar la responsabilidad y dedicación exclusiva de quienes asesoran o litigan en favor del estado, restringiendo o prohibiendo el ejercicio privado al mismo tiempo, cuestiones distintas entre sí y que los proyectistas se niegan a desentrañar. Dicho de otra manera el abogado matriculado que, a su vez, es funcionario público, no pierde la matrícula y, por ende, mantiene su derecho constitucional a elegir a sus representantes. Tampoco la calidad de funcionario público invalida ejercicio de la profesión, de lo contrario, los abogados del Estado no podrían representar a sus instituciones en los estrados judiciales, lo cual ocurre diariamente y para cuyo efecto se requiere nada más y nada menos que la matrícula de abogado.

Negar a los abogados matriculados, funcionarios públicos, la participación en las elecciones, priva una aspiración legítima de elegir a las personas que nos van a representar para elegir con calidad y acierto a magistrados, agentes fiscales y defensores públicos; cargos a los que además pueden anhelar sin restricciones.

Solicitamos a SS.EE. rechazar in limine la solicitud del Colegio por improcedente, ya que no solo resulta en detrimento del derecho a elección de todo Abogado, sino que también, constituyen ataques directos e insolentes al Estado de Derecho y al sistema democrático vigente, ESTO NO DEBE PERMITIRSE YA QUE SE PUEDE SOPORTAR LA FUERZA BRUTA, PERO LA RAZÓN BRUTA DE QUIENES BUSCAN ACALLAR LA EXPRESIÓN DEMOCRÁTICA ES INSOSTENIBLE.

 



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