Que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, inicie investigación por la FARC polítitica

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Homero Herrera lanzó esta petición dirigida para Corte Suprema de Justicia de Colombia

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, se ha negado repetitivamente a iniciar investigaciones en contra de las FARC – Política, es decir, de aquellos políticos, funcionarios judiciales, congresistas, funcionarios del gobiernos y particulares, quienes tuvieron fuertes nexos con ese movimiento narcoterrorista y fueron sus aliados y en muchos casos cómplices de sus actividades terroristas. Las FARC, es el cartel de narcotraficantes mas grande del mundo, además es una organización terrorista así reconocida internacionalmente, además es una organización que ha cometido miles de crímenes de lesa humanidad, que no son amnistiables. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, si investigó y sancionó penalmente a políticos, militares, funcionarios del Estado y particulares quienes mantuvieron nexos y complicidad con el otro grupo de narcoterroristas de Colombia, como fueron las Autodefensas o Paramilitares, igual de criminales. La pregunta que se hacen millones de colombianos es ¿por qué la justicia colombiana se niega a investigar los mismos hechos con relación a las FARC?

 

Los criminales de los grupos de Autodefensas o Paramilitares, fueron investigados, juzgados y sancionados penalmente, y sus cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos. Sus pares de las FARC, no lo fueron gracias al acuerdo del expresidente Juan Manuel Santos con esa organización narcoterrorista en el que el ex mandatario les garantizó impunidad, el lavado de sus recursos producto del narcotráfico y terrorismo, gracias a una corte denominada Justicia Especial Para la Paz, que fue creada por las mismas FARC, por varios políticos extranjeros de origen comunista, inclusive un abogado español de la misma corriente ideológica, con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Congreso de la República, organismos de mayoría cercanos al ex presidente Santos, por lo que logró que aún en contra de la Constitución Nacional, salieran adelante las leyes que le garantizó al grupo narcoterrorista su total impunidad.

 

En la operación militar en la que fue dado de baja el cabecilla de las FARC alias Raúl Reyes, fueron decomisados sus computadores y en ellos se evidenció la complicidad de políticos, congresistas, altos funcionarios de diferentes gobiernos de Colombia, y altos magistrados, así como funcionarios menores de las tres ramas del poder en Colombia. La autenticidad de dichos computadores, así como su valor como prueba judicial, fueron certificados por l Interpol, sin embargo, por el involucramiento de los funcionarios señalados, la Corte Suprema de Justicia de la época (2018), decidió no investigar estos hechos criminales.

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