Petición cerrada

Suspensión cautelar de funciones para imputados por corrupción en enseñanza pública

Esta petición ha conseguido 231 firmas


El 75 por ciento de los profesores del claustro del Centro de Formación de Personas Adultas de Torrevieja, firmó en abril del año pasado una petición de dimisión para el director de la escuela por su implicación en irregularidades denunciadas. Éstas están siendo investigadas judicialmente y son, presuntamente, constitutivas de delitos tales como fraude a los alumnos, malversación en relación a apropiación indebida, exacciones ilegales, prevaricación, estafa contra la seguridad de los trabajadores, coacciones, etc.

Los profesores denunciantes presentaron a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana la solicitud de dimisión del director junto con numerosos documentos que sustentan su acusación. Ante la pasividad de la administración y transcurridos varios meses, los docentes presentaron la misma denuncia ante la Policía Judicial, y en estos momentos ejercen de acusación particular. A pesar de que el juez ha investigado (imputado) al principal acusado, la administración lo mantiene como director del centro y los profesores tienen que padecer el desarrollo de su labor docente a las órdenes de la persona por ellos denunciada. La Conselleria se escuda en que no puede tomar una decisión administrativa cuando hay un proceso judicial abierto.

Por todo ello solicitamos tu firma para que, de la misma manera que se pide que los cargos públicos de la política cesen o dimitan cuando están siendo investigados por un caso de corrupción, también se aparte cautelarmente a los cargos directivos de centros escolares cuando sean imputados, y quede claramente en entredicho su legitimidad para ejercer un cargo público de tal responsabilidad.

Las leyes educativas han ido progresivamente perdiendo su carácter democrático. Si bien, anteriormente era el claustro de profesores al completo el que elegía o revocaba a los miembros que formaban las directivas de los centros, actualmente se deja en manos de unas comisiones con un reducido número de representantes supeditados siempre a la decisión última de la inspección educativa, lo cual permite que las directivas de los centros sean en muchos casos asignadas al capricho y conveniencia de la administración.

Cuando se publica un escándalo porque se producen abusos por parte de un profesor a un alumno, el docente es apartado de sus funciones inmediatamente, de manera cautelar aun cuando prevalece su presunción de inocencia. Ante un caso de corrupción en el que el juez ha decretado diligencias y solicita una auditoria del centro entre otras actuaciones, ¿por qué no se aparta al imputado principal y se permita que continúe como máximo responsable del centro a cargo de los mismos trabajadores que le denunciaron? ¿Por qué se le permite que pueda represaliar a sus denunciantes? ¿Por qué se le abre un expediente con cinco graves acusaciones constatadas por la inspección educativa pero se le mantiene en funciones a la espera del dictamen judicial?

Firma nuestra petición para que el actual gobierno de la Comunidad Valenciana exija a los funcionarios públicos de la educación imputados por corrupción las mismas responsabilidades que pide a los cargos políticos, en coherencia con las ideas de transparencia e intolerancia ante la corrupción que dice defender.



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