Los consejeros procedentes de la política que pueblan los consejos de administración de las empresas públicas se deben al bien común.  Por eso ante la conducta insolidaria y codiciosa de las empresas del sector eléctrico español, solo cabe esperar una respuesta ética.  La dimisión.

En especial esta obligación se da en los casos en los que en su acción política representaron a partidos de la izquierda y en concreto al PSOE.