Petición cerrada

Firmas RECHAZO propuesta Constituyente Venezuela

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Les estoy pidiendo su apoyo para rechazar la propuesta de la Asamblea Nacional constituyente por el Presidente Nicolás Maduro Moros.

 

Ciudadana: Tibisay Lucena y demás integrantes del Poder Electoral Venezolano.

Ciudadano: Maikel Moreno Presidente y demás integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.

Ciudadana: Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República

Ciudadano: Julio Borges Presidente y demás Diputados de la Asamblea Nacional.

Miembros de la Organización de Estados Americanos.

Estados miembros de UNASUR

Ciudadanos integrantes del Congreso de Estados Unidos de América

Estados miembros de la Unión Europea.

Partidos políticos y demás integrantes de la MUD.

Obispo Diego Padrón: Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. 

 

Los signatarios de la presente, en libérrimo uso de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 30 de diciembre de 1999, fundamentada en las consideraciones éticas y jurídicas que a continuación exponemos: En virtud de la pretendida convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del Ejecutivo Nacional, y en razón de que la consideramos espuria e irrita, nos permitimos realizar el siguiente análisis y en concordancia nos pronunciamos.

Desde el advenimiento de las civilizaciones, el hombre, como especie, pudo darse cuenta que, para vivir en una sociedad armónica, debía establecer normas que regularan esas relaciones. Es así como desde el punto de vista religioso, se dio un conjunto de principios y valores ético-religiosos, entre las cuales se mencionan: la Biblia, el Corán, el Talmud, el Rig Veda, el I Ching y el Popul Vuh.

Semejante respuesta se dio desde el punto de vista jurídico, y en el caso de los pueblos occidentales asumieron las constituciones inspiradas en el derecho romano.

Conforme a lo expuesto, el hombre del mundo contemporáneo asume como ineludible tanto las obligaciones religiosas como las legales, cuya inobservancia supone sanciones ineludibles.

 

En ese orden de ideas la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo establece:

El pueblo de Venezuela en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados indígenas y los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la república, para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad,  la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones , asegure el derecho a la vida, al trabajo a la cultura , a la educación, a la justicia social  y a la igualdad sin discriminación  ni subordinación alguna… en ejercicio de su poder originario representado por la asamblea nacional constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente constitución.

 

Dado, que en el citado preámbulo reposan de manera clara e inteligible los principios normativos que rigen esta constitución, todos sus títulos, capítulos, secciones, artículos y parágrafos se corresponden con el preámbulo, en virtud de lo cual, todo lo que lo contravenga, es nulo de toda nulidad, y el pueblo, no solo tiene el deber de oponerse sino, la obligación de defenderla, tal como prevé esta carta magna.

En concordancia con lo aquí expuesto nos permitimos realizar algunas consideraciones jurídicas:

Título l, artículo 5.:

 La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

 

Aquí conviene aclarar que de manera inequívoca la Carta Magna establece que la soberanía radica en el pueblo, y que nadie puede erigirse en su representación: además agregamos que pueblo somos todos, sin distingo de ninguna naturaleza, llámense religiosos, de raza, sociales o económicos, mucho menos, por criterios de organización comunal o vecinal y políticos, razón por la cual, nadie puede clasificarlos con otros criterios.

 

 

En el mismo orden, nos apoyamos en el contenido del capítulo lll, artículo 347, cuyo texto es el siguiente:

El pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar al estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución.

 

 Y en concordancia y articulación jurídica con el artículo anteriormente citado, tomamos el artículo 348. Cuyo texto reza así:

 La iniciativa de convocatoria a una asamblea nacional constituyente podrá hacerla el presidente o presidenta de la República, en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los consejos municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos, y el quince por ciento de los electores inscritos en el registro electoral.     

Consecuencialmente, del análisis jurídico tanto del preámbulo como de los artículos 347 y 348, se concluye: Ninguno de los poderes públicos puede convocar una asamblea nacional constituyente. Solo tienen la facultad de tomar la iniciativa, porque es en el pueblo donde reside el poder originario de convocarlo. El pueblo, como ya se dijo para estos efectos no es una parte del universo de los electores titulares de los derechos políticos, y deben considerarse en su globalidad.  No se puede tomar la parte por el todo, como pretende el ciudadano presidente de la república, porque contraviene uno de los principios generales del derecho universal, el cual es que todos somos iguales ante la ley.

Del mismo modo, y en función de abundar en argumentos, apelamos al Título Vll. De la Protección de la Constitución.  Capítulo l: De la Garantía de la Constitución. Artículo 333.

Esta constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto a lo previsto en ella. De tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia.   

En concatenación con el andamiaje legal de nuestros argumentos citamos del Título Vll, Capítulo iii, de la Fuerza Armada Nacional. Artículo 328:

La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación… en el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y ningún caso de personas o de parcialidad política alguna.

Finalmente queremos subrayar que del análisis objetivo del preámbulo y los títulos, capítulos y artículos se desprenden las siguientes conclusiones:

1.      El ciudadano Presidente de la República en ningún caso está facultado legalmente para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

2.      El pueblo es el poseedor del poder originario, sin distingos ni clasificaciones arbitrarias. En consecuencia, es el único facultado para convocar la asamblea nacional constituyente, en la única forma prevista en esta Constitución. Por tanto, de no observarse esta normativa de rango, valor y fuerza constitucional, toda convocatoria es nula, de toda nulidad, y podrá ser desconocida, tal como lo prevé la norma contemplada en el artículo 350, el cual, señala textualmente, lo siguiente:                                                                                                                                                 

El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.

Dado que la convocatoria efectuada por el ciudadano Presidente de la República es absolutamente violatoria de la constitución, invocamos el artículo 350 constitucional y nos aferramos al artículo 328.

PETITORIO

      Es nuestra aspiración que la organización o país que usted dignamente representa le brinde todo el apoyo que se requiere para evitar que se consuma este arrebato a los derechos constitucionales de los venezolanos, y que definitivamente Venezuela caiga en el oscurantismo de la tiranía. Es justicia que demandamos libremente o que demanda libremente el pueblo de Venezuela.

Conformes, como estamos con todas las partes sustantivas y adjetivas de esta declaración nos suscribimos en Venezuela mayo de 2017.



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