Ante el bloqueo de la renovación  de este órgano constitucional y la propuesta de algunos de sus miembros, cuyo mandato ha caducado, de  cubrir vacantes con magistrados jubilados, somos las ciudadanas y los ciudadanos quienes tenemos el derecho y el deber de exigir que se acabe con esta situación, que dura ya más de 2 años y que afecta a una instancia crucial del estado de derecho, la administración de justicia, y a un órgano que nombra, entre otros, a los magistrados del Tribunal Supremo que dictan sentencia en los casos más graves de corrupción política.