El modelo de la unidad de gestión clínica sanitaria incentiva  económicamente a médicos facultativos de atención primaria  por cuantas menos derivaciones a especialistas, menos pacientes atendidos, y menos recetas dispensen, generando una gran contradicción respecto al juramento hipocrático que los médicos tienen y que en definitiva es o puede ser calificado como una privatización enmascarada de la sanidad pública. De esta forma se atenta también contra el derecho a una sanidad universal y a los criterios de equidad en Salud.