En tiempos de pandemia, más recursos para la Escuela Pública

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En tiempos de pandemia, MÁS RECURSOS PARA LA ESCUELA PÚBLICA

El inicio del curso 2020-21, en un contexto de pandemia, va a suponer un enorme esfuerzo al profesorado, comparable al que viene realizando desde hace meses el personal sanitario, que ha demostrado en todo momento una gran responsabilidad y entrega profesional.

Otros sectores como el personal del transporte, de distribución de alimentación, de recogida de producción agrícola, de limpieza, etc. han dado muestras similares de compromiso con la sociedad. Del mismo modo, el personal docente, durante los primeros meses de la pandemia, cumplió con su cometido de forma ejemplar, acomodándose a la nueva situación para garantizar la continuidad del aprendizaje.

En este inicio de curso, los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza nos disponemos a dar un paso al frente para lograr que la actividad escolar se ponga en marcha a pesar de las dificultades previstas. Dar clase, en la situación actual, supone un ejercicio de responsabilidad no exento de riesgos. Sabemos que es el momento de arrimar el hombro.

La crisis sanitaria generada por la aparición del virus Sars Cov-2 ha puesto de manifiesto la necesidad de promover el estado social que tanto se había cuestionado desde los dogmas neoliberales. En los contextos de crisis, se demuestra que solo la intervención pública tiene la capacidad necesaria para hacer frente a los efectos de situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo.

Esta crisis ha visibilizado, asimismo, las desigualdades existentes: contradiciendo la visión idílica que se suele ofrecer de la sociedad de consumo, se ha visto que, en todo el Estado, y también en Asturies, sigue habiendo enormes bolsas de pobreza y exclusión.

La situación de la Escuela Pública, afectada durante más de una década por recortes y por las mal llamadas políticas de “racionalización del gasto”, antes del inicio de la pandemia ya no era la mejor. Disponíamos de los recursos justos para funcionar con normalidad aparente a costa de la dedicación del profesorado, quien, a pesar de las elevadas tasas de temporalidad y la precarización creciente que padece, suplía las carencias con su esfuerzo. La irrupción de la COVID19 ha puesto de manifiesto que la inversión educativa en España es tan exigua que no ha sido posible ni siquiera cumplir con las prescripciones sanitarias que el propio Gobierno había fijado la pasada primavera como condición para una vuelta segura a las aulas. Poco a poco, hemos visto cómo las ratios han ido subiendo, la distancia social ha disminuido, en las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo se están proponiendo unas adaptaciones cada vez más laxas y la posibilidad de una mayor financiación para los centros educativos finalmente se ha esfumado.

Por una escuela presencial

La escuela no es únicamente un lugar donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos curriculares. Los aprendizajes que propicia la educación van más allá de esta visión reduccionista y utilitaria de la enseñanza.

La escuela es un espacio de socialización, de transmisión de valores democráticos, de afecto, de diversidad, de igualdad, de resolución pacífica de los conflictos, de compensación de las diferencias socioeconómicas y culturales… Su papel es determinante para asegurar una mínima igualdad de oportunidades para todas y todos.

Por ello, no podemos renunciar a la presencialidad de la educación. Sin embargo, no debemos aceptar que esto se haga a cualquier precio. La Administración ha de garantizar que los centros educativos sean espacios seguros. Es imprescindible contar con unos protocolos rigurosos, formar al profesorado en materia de prevención y salud laboral y dotar a nuestros centros del personal y de los recursos necesarios para afrontar con garantías de éxito la gestión escolar de la pandemia.

En defensa de la atención a la diversidad

La atención a la diversidad es uno de los ejes fundamentales para conseguir una escuela y, por extensión, una sociedad inclusivas. La atención a la diversidad debe garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado con independencia de su origen o situación personal, tratando de eliminar las barreras para el aprendizaje que puedan encontrar a lo largo de la escolaridad y facilitando el acceso a todas las experiencias, curriculares y sociales, que brinda la educación.

Sin embargo, no se construye una escuela inclusiva recortando el gasto en atención a la diversidad, precarizando el empleo mediante medias jornadas en los perfiles asociados a esta cuestión o cuadrando partidas presupuestarias mediante retrasos en las contrataciones del personal de los servicios de Orientación.

Asturias sigue sin contar con un Decreto de Equidad que regule las líneas de actuación en este ámbito y que garantice que, al margen de los vaivenes políticos, los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para impulsar la prevención de problemas y la atención temprana, dotando a la intervención educativa de un carácter compensador.

Más profesorado, menos ratio: prevención y seguridad frente a la COVID19

Durante el Estado de Alarma, la cuestión educativa se convirtió en uno de los temas más tratados en los medios de comunicación, siendo objeto de un gran debate político y social.

La ausencia de un verdadero Estado del bienestar que afronte de manera decidida cuestiones como la conciliación de la vida laboral y familiar situaron al sistema educativo en el punto de mira, como si la responsabilidad sobre la conciliación fuera competencia de la escuela, y no de las empresas o de una Administración que debería intervenir activamente en esta problemática de evidentes implicaciones sociales.

Rechazamos una vuelta a las aulas condicionada a una visión de la escuela como un lugar de custodia para los menores durante el tiempo en el que las familias cumplen con sus obligaciones laborales. La enseñanza presencial, ya lo hemos dicho antes, debe realizarse garantizando la seguridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, dos medidas son necesarias:

La primera es la reducción de la ratio de alumnado por grupo. No es de recibo que el Gobierno asturiano pretenda que hasta 33 estudiantes compartan el reducido espacio de un aula en el Bachillerato, cuando hace menos de cuatro meses el Gobierno de España proponía una ratio de 15 estudiantes por aula. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, sobre el alumnado de 3º y 4º de ESO, dado que los agrupamientos previstos no supondrán desdoble alguno hasta que se sobrepase la cifra de 27 estudiantes por grupo.

La única razón para que la ratio no sea menor es la negativa del Gobierno asturiano a destinar más recursos presupuestarios a la educación.

Queremos recordar que las plantillas docentes ya eran insuficientes antes de esta emergencia sanitaria. Como ya se ha dicho, los recortes sufridos por la educación durante los últimos años las han dejado reducidas a mínimos. A día de hoy, aun teniendo en cuenta las partidas extraordinarias aprobadas para hacer frente a la pandemia, el presupuesto de la Consejería de Educación sigue estando por debajo del existente antes de la última crisis económica.

La segunda, en relación con la anterior, es la contratación del profesorado necesario para hacer efectiva la reducción de ratios. Pese al anuncio del Gobierno asturiano sobre la contratación de varios cientos de docentes -en torno a 600 en la red pública- el número sigue siendo insuficiente para acometer la vuelta a las aulas con las mínimas garantías sanitarias.

Reclamamos que la salud prime frente a la austeridad de quienes pretenden salir de esta crisis sin invertir ni un euro más en educación. Exigimos la contratación de todo el profesorado necesario para que nuestras aulas sean seguras.

Las organizaciones firmantes promoveremos movilizaciones durante el mes de octubre si estas reivindicaciones no son tenidas en cuenta.

¡Contra la brecha social, en defensa de la escuela pública asturiana!

SUATEA y CCOO - Enseñanza

En tiempos de pandemia, MÁS RECURSOS PA LA ESCUELA PÚBLICA
L’entamu del cursu 2020-21, nun contestu de pandemia, va suponer un esfuerzu enorme pal profesoráu, comparable al que vien faciendo, dende va meses, el personal sanitario, que ta demostrando en tou momentu una gran responsabilidá y entrega profesional.

Otros sectores como’l personal del tresporte, de distribución d’alimentación, de recoyida de producción agrícola, de llimpieza, etc. enseñaron tamién el so compromisu cola sociedá. Del mesmu mou, el personal docente, cuando los primeros meses de la pandemia, cumplió col trabayu de forma exemplar, adaptándose a la nueva situación pa garantizar la continuidá del aprendizaxe.

Nesti aniciu de cursu, les y los trabayadores de la Enseñanza tamos dispuestos a dar un pasu alantre pa llograr que l’actividá escolar se ponga en marcha, magar les dificultaes previstes. Dar clase, nel contestu actual, supón un exerciciu de responsabilidá que nun ta llibre de riesgos. Sabemos que ye’l momentu d’agabitar.

La crisis sanitaria creada pola apaición del virus Sars Cov-2 dexó clara la necesidá de promover l’estáu social que tanto se cuestionara pente medies de dogmes neolliberales. Nos contestos de crisis, conozse que la intervención pública ye la única manera d’encariar los efectos de situaciones tan dramátiques como la que tamos viviendo.

Esta crisis valió tamién p’asoleyar les desigualdaes esistentes: contradiciendo la visión idílica que se suel dar de la sociedá de consumu, vióse que, en tol Estáu, y n’Asturies tamién, sigue habiendo bolses enormes de probeza y esclusión.

La situación de la Escuela Pública, que lleva más d’una década tocada por recortes y poles mal llamaes polítiques de “racionalización del gastu”, nun yera buena yá enantes del comienzu de la pandemia. Disponíemos de los recursos xustos pa funcionar con normalidá aparente a costa de la dedicación del profesoráu, que, magar les altes tases de temporalidá y la precarización creciente que carez, suplía les faltes col so esfuerzu. La llegada de la COVID19 dexó patente que la inversión educativa n’España ye tan escasa que nin siquiera se pudieron cumplir les prescripciones sanitaries que’l propiu Gobiernu fixara la primavera pasada como condición pa una vuelta segura a les aules. Pasu ente pasu, vimos cómo les ratios diben subiendo, la distancia social amenorgaba, nes evaluaciones de riesgos de los puestos de trabayu tán plantegándose adaptaciones cada vez más febles y la posibilidá de llograr una financiación mayor pa los centros educativos, finalmente, esfumóse.

Por una escuela presencial

La escuela nun ye namás un sitiu onde se desarrolla un procesu d’enseñanza-aprendizaxe de conteníos curriculares. Los aprendizaxes qu’afala la educación van más allá d’esta visión reduccionista y utilitaria de la enseñanza.

La escuela ye un espaciu de socialización, de tresmisión de valores democráticos, d’afectu, de diversidá, d’igualdá, de resolución pacífica de los conflictos, de compensación de les diferencies socioeconómiques y culturales… El papel que fai ye determinante p’afitar una igualdá mínima d’oportunidaes pa toes y toos.

Poro, nun podemos renunciar a la presencialidá de la educación. Con too, nun hai qu’aceptar qu’esto se faiga a cualesquier preciu. L’Alministración ha de garantizar que los centros educativos seyan espacios seguros. Fai falta tener protocolos rigurosos, formar al profesoráu en prevención y salú llaboral y dotar a los nuestros centros del personal y de los recursos precisos pa encarar con ésitu la xestión escolar de la pandemia.

En defensa de l’atención a la diversidá

L’atención a la diversidá ye una de les exes fundamentales pa consiguir una escuela y, por tanto, una sociedá inclusives. L’atención a la diversidá ha de garantizar la igualdá d’oportunidaes al alumnáu con independencia del so orixe o situación personal, faciendo por eliminar los pilancos pal aprendizaxe que puedan alcontrar a lo llargo la escolaridá y facilitando l’accesu a toles esperiencies, curriculares y sociales, que brinda la educación.

Sin embargu, una escuela inclusiva nun se construye recortando gastu n’atención a la diversidá, precarizando l’emplegu per aciu de medies xornaes nos perfiles venceyaos a esta cuestión o cuadrando partíes presupuestaries pente medies de retrasos nes contrataciones del personal de los servicios de Orientación.

Asturies sigue sin tener un Decretu d’Equidá que regule les llinies d’actuación nesta estaya y que garantice que, independientemente de los vaivenes políticos, los centros educativos dispongan de los recursos amañosos pa promover la prevención de problemes y l’atención temprana, dotando a la intervención educativa d’un calter compensador.

Más profesoráu, menos ratio: prevención y seguridá énte la COVID19

Cuando l’Estáu d’Alarma, la cuestión educativa convirtióse nún de los temes más trataos nos medios de comunicación, siendo oxetu d’un importante alderique políticu y social.

La falta d’un verdaderu Estáu social qu’enfrente con decisión cuestiones como la conciliación de la vida llaboral y familiar situaron al sistema educativu nel puntu de mira, como si la responsabilidá sobre la conciliación fuera competencia de la escuela, y non de les empreses o d’una Alministración que tendría qu’intervenir activamente nesta problemática de clares implicaciones sociales.

Refugamos una vuelta a les aules condicionada por una visión de la escuela como un sitiu que val pa curiar a los menores demientres les families cumplen coles sos obligaciones llaborales. La enseñanza presencial, como yá diximos, tiene que se facer garantizando seguridá nel procesu d’enseñanza-aprendizaxe. Pa ello, faen falta dos midíes:

La primera ye la reducción de la ratio d’alumnáu per grupu. Nun ye normal que’l Gobiernu asturianu pretenda qu’hasta 33 estudiantes puedan compartir l’espaciu d’un aula nel Bachilleratu, cuando hai menos de cuatro meses el Gobiernu d’España proponía una ratio de 15 estudiantes per aula. Y lo mesmo podíamos dicir, por exemplu, sobre l’alumnáu de 3u y 4u d’ESO, onde los agrupamientos previstos nun van suponer desdoble dalgún hasta nun sobrepasar el númberu de 27 estudiantes per grupu.

La única razón pa que la ratio nun seya más pequeña ye la negativa del Gobiernu asturianu a destinar más recursos presupuestarios a la educación.

Queremos recordar que les plantíes docentes yá yeren escases antes d’esta emerxencia sanitaria. Como yá se dixo, los recortes n’educación de los últimos años dexáranles a mínimos. Anguaño, mesmo teniendo teniendo en cuenta les partíes estraordinaries aprobaes pa encarar la pandemia, el presupuestu de la Conseyería d’Educación sigue tando per baxo del qu’había enantes de la última crisis económica.

La segunda, rellacionada cola anterior, ye la contratación del profesoráu necesario pa facer la reducción de ratios. Pese a l’anuncia del Gobiernu asturianu de la contratación de cientos de docentes -alredor de 600 na rede pública- el númberu nun llega p’acometer la vuelta a les aules coles garantías sanitaries mínimes.

Reclamamos que la salú prime sobre l’austeridá de los que pretenden salir d’esta crisis sin invertir nin un euru más n’educación. Esiximos que se contrate tol profesoráu necesario para que les nuestres aules seyan segures.

Les organizaciones firmantes vamos promover movilizaciones pal mes d’ochobre si estes reivindicaciones nun s’atienden.

¡Contra la fienda social, en defensa de la escuela pública asturiana!

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