La inseguridad alimentaria de las familias más pobres del país se expresa en carencias en la disponibilidad, acceso y uso de alimentos, violando el derecho humano a la nutrición y la salud de las personas, en especial de las más vulnerables.

Según INEI, la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, un incremento en 9,9 % en comparación al 2019, como consecuencia de la paralización económica generada por la pandemia. De este total, la pobreza afectó al 45,7% de la población rural y al 26,0% de la población urbana.

La emergencia alimentaria en el área urbana se expresa en las mayores dificultades de las familias pobres para acceder a alimentos por la reducción de ingresos y empleo, lo que se traduce en el incremento de la desnutrición y anemia de los más vulnerables, en especial niñas y niños menores de cinco años y personas adultas mayores.

El Estado debe enfrentar la emergencia alimentaria en el área rural y urbana en forma simultánea, con acciones coordinadas de los ministerios de Agricultura, Producción y MIDIS en acuerdo con los gobiernos regionales y locales en los territorios de mayor pobreza en el país. Pero además, debe apoyar y promover la acción conjunta de las organizaciones gremiales de productores rurales y de redes de ollas comunes así como de las instituciones de sociedad civil y de cooperación internacional que los ayudan.