Muerte Civil a los corruptos: Si roban que no vuelvan a gobernar.

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INHABILITAR DE POR VIDA A LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS. 

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Que aquellos funcionarios que habiendo protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución, caigan en actos de corrupción y queden inhabilitados de por vida.

De tal suerte que proponemos esta muerte civil para efecto de que los funcionarios antes descritos, queden inhabilitados de por vida, es decir “muertos para la función pública”.

Es de especial relevancia en el tema que nos ocupa, la opinión que Kofi A. Annan entonces Secretario General de la ONU, quien en el año 2004, al hablar sobre la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción expreso:

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.

Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.

 La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.

La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo” [1] 

La iniciativa de la reforma que proponemos, contribuirá a un combate más efectivo contra la corrupción, y a paliar esa sensación de impunidad que viene arrastrando nuestra sociedad, aquejada por el cáncer este cáncer, que premea todo el sistema público en México, conforme a los siguientes:

DATOS DUROS:

  • Transparencia Internacional, en su informe “Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe” [2] , otorga la primera posición a México en el rubro del mayor porcentaje de la población que ha tenido que pagar un soborno para acceder a un servicio público en los 12 meses previos a la consulta, que se realizó a 22,000 ciudadanos de 20 países de la región.
  • Sobre el índice de pago de sobornos, México ocupa el primer lugar con 51% de los encuestados que afirmaron el pago de soborno a un funcionario público.
  • Para Transparencia Internacional, reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, y combatirla eficazmente fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global.
  • En tanto que la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción da empuje a la gobernanza, entendida ésta como la gestión de los asuntos públicos fundada sobre la participación de la sociedad civil a todos sus niveles (nacional, local, regional e internacional), en la que los gobiernos nacionales han pasado de ser la referencia central de la organización política, a ser uno de sus componentes.

 [1]  Annan Kofi A. Secretario General de la ONU. Convención de las Naciones Unidas 2004. Pág. Iii

[2]https://www.transparency.org/whatwedo/publication/global_corruption_barometer_people_and_corruption_latin_america_and_the_car

En cuanto a la función jurisdiccional, México cuenta con 4 jueces por cada 100,000 habitantes, siendo la posición más baja en América Latina ocupa, ya que el promedio en esta latitud es de un promedio de 8 jueces por cada 100,000 habitantes.

El promedio de inversión del Producto Interno Bruto en justicia y seguridad de los países de la OCDE es de 4 puntos porcentuales. México invierte sólo 1 punto del Producto Interno Bruto.

En el Índice Global de Impunidad del 2017, el país se situó en el lugar 66 de 69, posición que lo coloca entre los países en que la impunidad prevalece. La corrupción costó al país 10 puntos del PIB.

El informe de Transparencia Internacional, arroja datos sobre la percepción de los ciudadanos de la región sobre la corrupción. México al igual que Colombia, Perú y Venezuela, son los países en los que la corrupción es verdaderamente grave:

En México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción aumentó, lo que lo sitúa a la mitad de la métrica. A la cabeza en este apartado, en Venezuela casi 9 de cada 10 ciudadanos opinaron que este flagelo social aumentó. Por otro lado, 4 de cada 10 argentinos, la proporción más baja, se decantaron por responder a la encuesta afirmativamente al aumento de corrupción.

En América Latina, 53% de la población sostiene que los gobiernos no hacen lo necesario para combatir el flagelo de la corrupción.

El porcentaje se eleva a 61% en México, 6 de cada 10, en lo que respecta a la percepción sobre si los administradores del país toman las acciones necesarias para acabar con las prácticas corruptas.

La corrupción muestra una organización de redes y complicidades, sin la cual su existencia no sería posible. Los niveles de denuncia en México y en la región son bajísimos, lo que se manifiesta en la alta percepción de que policías y tribunales son sumamente corruptos. [3]
[3] ídem

De acuerdo con el informe en cita, existe una arista positiva: el 74% de los mexicanos consideran que los esfuerzos de los ciudadanos y sociedad civil,  tienen alta relevancia e incidencia en el combate a la corrupción.

La corrupción es un problema integral debe combatirse mediante políticas públicas de cero tolerancia, en la vinculación armónica y coordinada de gobierno con la sociedad civil.

En ese sentido, son de especial relevancia, los datos contenidos  en el   Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2017 [4], instrumento estadístico  desarrollado por el INEGI, el cual tiene como objetivo generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada Entidad Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa, con la finalidad de que dicha información, se vincule con el quehacer  gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de interés nacional; solamente el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivan en sentencias que implican privación de la libertad.

De una comparativa internacional de 2014, sobre Delitos Perseguidos y Número de Condenas se desprende, que a diferencia de países como Singapur -que, de 175 delitos perseguidos, tienen 134 condenas- o Estados Unidos -que, de 688 delitos perseguidos, existen 614 condenas-, México cuenta con 48 condenas de mil 946 delitos perseguidos, es decir, con sólo 2.4 por ciento de condenas del total de los delitos perseguidos.

Lo cual evidencia una serie de complicidades, agravadas por la negligencia, desgano y dolo para la debida integración de las indagatorias, para ejercer la acción penal, y finalmente  para impartir justicia.
[4], http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/censosgobierno/estatal/cnije/2017/doc/presentacion.pdf

Es de tomar en consideración lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Capitulo II, artículos 5 y 6 los cuales a la letra prevén:

Artículo 5.       Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

  • 1.         Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
  • 2.         Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.
  • 3.         Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.
  • 4.         Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6.       Órgano u órganos de prevención de la corrupción

  • 1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:
  • a)         La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;
  • b)         El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

En ese análisis, el artículo 212 del Código Penal Federal, establece en su párrafo tercero fracción II, un tope de inhabilitación de veinte años, para aquellos funcionarios que  sanción que a criterio de nuestra bancada es bastante blanda, considerando el dolo con el cual los funcionarios corruptos se alían, maquinan y orquestan quebrantos patrimoniales millonarios al erario, llegando al extremo de casos como el del Gobernador Duarte, que sustituyo tratamientos para el cáncer terminal de menores de edad, por placebos, esto en colusión con una red de funcionarios públicos de su gobierno, alentados por  el correspondiente beneficio económico, y  la impunidad prometida.

Nosotros consideramos que el castigo para todo servidor público que participe en un acto de corrupción,  debe ser ejemplar¸ robe cantidades millonarias, o “robe poquito”, ya que independientemente de la cantidad, está el ánimo corrupto del servidor, que revela su precario estatus de valores éticos, los cuales le llevaran a cometer una y otra vez conductas impropias  e ilícitas.

Por lo que nuestra propuesta es inhabilitación de por vida, que le impida volver a desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como participar en adquisiciones, licitaciones,  adjudicaciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, es que esta Bancada de Movimiento Ciudadano, somete a consideración de la asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO.

Se reforma por modificación el  Tercer párrafo del artículo 212  del Código Penal Federal, y se derogan de las fracciones I y II del mismo  para quedar como sigue:

Artículo 212[...]

  • De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, cualquiera que sea su carácter, la pena de destitución y la inhabilitación de por vida para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.

TRANSITORIOS.

  • Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Dip. Mariela Saldívar Villalobos y Dip. Samuel Alejandro García Sepúlveda

 



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