¡Que el Gobierno no controle la educación privada en San Luis Potosí!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 7.500!


¡Que el Gobierno no controle la educación privada en San Luis Potosí!

El Congreso de San Luis Potosí aprobó el 14 de mayo pasado, y en esa misma fecha el Gobernador Juan Manuel Carreras López publicó en el POE (sin vetarla), la nueva LEY DE EDUCACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ, que permite que el Ejecutivo fiscalice instituciones de educación privada, regule cuotas, y que sus bienes sean considerados parte del sistema educativo estatal, en otras consecuencias, es decir, igual que la Ley Barbosa que se aprobó en Puebla.

La Nueva Ley de Educación pone en peligro la autonomía y calidad de la educación privada en el Estado, por lo que les pedimos su ayuda para exigir al Gobierno que dé marcha atrás con esta ley.

Además fue elaborada a espaldas de la sociedad, jamás fue consultada y su publicación se trató de esconder; fue aprobada en tiempo récord y es una “Ley Control”.

Como prueba de esto es la siguiente Cronología de su realización:

+ 30 de abril del 2020, se presenta Iniciativa al Congreso del Estado.

+ 7 de mayo del 2020, se turna a comisiones.

+ 14 de mayo del 2020, lo aprueba el Pleno del Congreso del Estado.

+ 14 de mayo del 2020, el Ejecutivo acepta la ley (no la veta) y la publica en POE.

Existe Inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Educación de SLP, dado que viola derechos humanos y diversos principios en contra las instituciones de educación, el derecho a la educación democrática y de calidad, la libertad de cátedra y la certeza jurídica, ejerce control y censura sobre las instituciones privadas, el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, contraviene el principio de libertad académica, transgrede el principio de legalidad y abre el paso a la incertidumbre jurídica, además de que permite la expropiación de bienes privados así como el respeto a la propiedad privada y finalmente hay ambigüedad y falta de criterios para cumplir los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, sustentabilidad e higiene. Además del control del uso de las instalaciones privadas, el control de adquisición de materiales didácticos y libros de texto.

Adicionalmente, de nueva cuenta, las personas con discapacidad tampoco fueron consultadas en la misma, aun y cuando así lo ha ordenado la SCJN.

Simple: Esta nueva Ley pretende adueñarse de la educación privada en San Luis Potosí.

Apoyemos para que se revoque esta ley que atenta contra los derechos humanos de estudiantes, maestros y personal de administración.

Necesitamos tú firma, por la libertad de la educación.