En la histórica sesión del día 7 de septiembre para la descriminalización del aborto, resalta como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha actuado con justicia para las mujeres y niñas, al declarar que las mujeres mexicanas tenemos el derecho constitucional a decidir la interrupción del embarazo, y, por tanto, son inconstitucionales las leyes que penalizan el aborto voluntario de manera absoluta. Por lo cual expresamos gran júbilo y enorme satisfacción hacia una lucha del movimiento feminista de casi cuatro décadas.
Las declaraciones surgidas sobre esta Jurisprudencia son concretadas por el Ministro Arturo Saldívar, Presidente de la SCJN,  al final de la sesión quien concluyó lo siguiente: "Es Criterio obligatorio para todas las juezas y jueces del país, no se podrá sin violar el criterio de la Corte y la Constitución procesar a mujer alguna en los supuestos considerados válidos por la SCJN. Se inicia una nueva ruta de libertad y dignidad a las mujeres y mujeres gestantes. Un paso más en la lucha histórica por la igualdad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”.
La limitación temporal para la interrupción legal del embarazo producto de una violación, es un acto de violencia contra la mujer que afecta sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental” (Primera Sala de la SCJN).
 
En este sentido es necesario que las personas que han sido encarceladas por practicar el aborto voluntario deberán ser puestas en libertad inmediatamente, es decir, aquellas que fueron condenadas por esta causa en otros estados podrán interponer un amparo que cite la resolución de la SCJN, lo que obliga a los juzgadores a levantar la pena de prisión.
 
Esta resolución de la SCJN debe impactar en los congresos de todos los Estados de la República Mexicana, por lo que se solicita al H. Congreso del Estado de Baja California derogar del CÓDIGO PENAL DE BAJA CALIFORNIA todo el articulado del Capítulo V, del Artículo 132, Art. 133,  Art. 134 y Art. 135 relacionado a la penalización del Aborto, con el fin de armonizar el Código Penal Estatal con el Federal, a fin de cumplir cabalmente la resolución de la Corte y proteger los derechos humanos de las mujeres que no deseen continuar un embarazo y las niñas embarazadas, víctimas de violación sexual en concordancia a los criterios de las Suprema Corte.