Petición cerrada

Un Pacto de Estado para La España Vaciada

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La Coordinadora de “La España Vaciada” considera que la lucha contra la despoblación y por el reequilibrio territorial, social, económico y demográfico de España es una “Cuestión de Estado”.

Entendemos que este cambio sólo puede producirse a través del diálogo y la concertación política, y que esta responsabilidad recae, a partes iguales, en todos los grupos políticos, ostenten o no responsabilidades de gobierno a escala nacional, autonómica o local.

También entendemos que dicho Pacto de Estado debe tener un largo recorrido temporal que garantice su permanencia sobre los naturales y democráticos cambios de gobierno que se vayan sucediendo.

Durante la manifestación en Madrid del 31 de marzo de 2019, de la que pronto celebraremos el segundo aniversario, ya reclamamos el Pacto de Estado; también lo volvimos a reclamar el 25 de junio de 2020 apoyando la propuesta de “Teruel Existe” en el Parlamento y lo volvemos a hacer ahora ante la falta de respuesta política.

Estamos convencidos de que este desequilibrio demográfico, territorial, económico y social (el 90% de la población se concentra en el 30% de la superficie del país y el 10 % restante se reparte entre el 70 % del territorio) es el reto más importante que tiene España en el presente y en el futuro inmediato. Ni las grandes urbes ni los pequeños pueblos son sostenibles; solo “un nuevo modelo demográfico y territorial” equilibrado, sostenible y basado en las características de cada comarca puede garantizar la reversibilidad del injusto modelo actual.

Tal vez este no es el lugar ni el momento para detallar las medidas urgentes que se proponen y que son de sobra conocidas, pero sí nos gustaría recordar algunas de las más singulares:

La aplicación del concepto zonas escasamente pobladas (ZEP) a unidades territoriales, de ámbito comarcal, NUTS III para la Unión Europea.

La compensación por los servicios medioambientales (conservación del ecosistema, mitigación del cambio climático, conservación del suelo y del régimen hidrológico, la captación de CO2, etc.) a las unidades territoriales funcionales o a las comarcas.

Una fiscalidad verde y diferenciada para el progreso de los territorios despoblados.

Diseño y creación de agencia/s de desarrollo territorial.

Ruralización de las leyes; en ocasiones, el precepto de que la ley es igual para todos no es garantía de justicia.

Programa 100/30/30 para la modernización de las infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones que se debe alcanzar en todos los municipios y comarcas:

  • 100 Mbps simétricos en la red de telecomunicaciones.
  • 30 km de distancia desde el núcleo de población a una vía de alta capacidad.
  • 30 minutos como desplazamiento máximo para acceder a los servicios básicos sanitarios, educativos y de seguridad.


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