INICIATIVA PARA MODIFICAR LAS NORMAS QUE DIFICULTAN LA VERDAD CIENTÍFICA.

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Se busca la modificación del art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  que se encarga de regular los supuestos que permiten una revisión de sentencias firmes mediante la inclusión de un nuevo apartado que  vendría a establecer como 5º supuesto:

 

``Cuando existiese una verdad científica indubitada, que provocase una modificación en el sentido del fallo´´.

 

 

 

Tener una prueba de ADN fiable al 99,9 % y no permitir la reapertura de un caso.

España, es el país donde la negativa del progenitor a hacerse una prueba de ADN puede determinar el futuro de un individuo a conocer su identidad, al contar con el respaldo de la justicia.

 

La Constitución Española en su art. 87.3 , y la Ley orgánica 3/1984, permiten la iniciativa popular para proponer modificación de normas. Es un mecanismo contemplado para permitir participar al pueblo en el Parlamento.

 

Nos encontramos ante una realidad que puede servir para muchos hijos que no fueron reconocidos por sus padres cuando nacieron, que ven como su oportunidad para conocer cual es su origen y por ende quienes son, se ve paralizado por la administración de justicia. Nos encontramos con un sistema en el cual, una prueba con alto rigor científico no tiene el valor que se merece. No es entendible que en la actualidad, una prueba biológica con un tasa de compatibilidad y fiabilidad del 99.9% no sea tenida en cuenta por los Tribunales para determinar una realidad biológica como es que una persona es hija de otra y por tanto, existe un vinculo biológico ente ambos que debería ser reconocido.

Este es el principal motivo por el que se quiere promover esta Iniciativa Legislativa Popular para modificar la normativa que regula la  forma de determinar la filiación de una persona cuando hay una sentencia previa que provoca que exista cosa juzgada, provocado en su mayor parte por la negativa del progenitor a realizarse dicha prueba de ADN. Así como,  la prohibición de repetir un juicio motivado por la defensa de la seguridad jurídica que rige este sistema. Es algo excepcional, sin embargo ya existen sentencias que reconocen la prueba de ADN como una de las excepciones a la cosa juzgada, no obstante no es suficiente dado que la doctrina aun no se ha unificado y pueden darse casos en los que no se reconozca el valor científico probado.

Aunque esta iniciativa ha sido promovida por una caso de notoria actualidad como es el del reconocimiento de la filiación de D. Javier Sánchez Santos, como hijo de D. Julio Iglesias de la Cueva. Este no es el único supuesto que se encuentra ante la disyuntiva de determinar una paternidad en la cual ya existe una sentencia previa, pero en la que existen nuevas pruebas de ADN que acreditan dicha verdad biológica.

En este caso, la situación actual difiere de la acaecida en el momento de interposición de la anterior demanda de D. Javier Sánchez Santos , hace más de 20 años,  en aquel momento no existía una prueba nueva que pudiese volver a ser valorada dado que D. Julio Iglesias se opuso a realizarse la citada prueba biológica . Hoy en día, si existen nuevos elementos que permiten una nueva valoración de todos los datos aportados con anterioridad y que no pudieron ser objeto de examen a la hora de dictaminar la sentencia.

La normativa española establece que cuando se reabre un caso la nueva valoración de las pruebas no puede realizarse sobre pruebas que ya se encontrasen en poder del tribunal , pero sí podría realizarse sobre nuevas pruebas como es el caso, al disponer de una prueba de ADN coincidente. Genéticamente ya tiene la seguridad de que es hijo del cantante, ahora le falta el respaldo judicial y poder así solventar ese error jurídico que se cometió y en el cual no se reconoció la paternidad del cantante.

 

Dentro de nuestra normativa nacional, la constitución Española en su art. 39.2 establece `` Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.´´.  Con ello se debe tener en cuenta que no puede perderse de vista que las relaciones paterno-filiales y, en general, todo aquello que afecta al estado civil de las personas han de tratarse como sumo cuidado, pues el interés público protegido es superior al que ampara otras cuestiones.

La Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio establece ``Las sentencias firmes sobre filiación no impedirán que pueda ejercitarse de nuevo la acción que se funda en pruebas o hechos sólo previstos por la legislación nueva.´´

Es decir, la propia legislación recoge la posibilidad de reabrir un caso cuando existe una sentencia firme, siempre que se funde en nuevos hechos  o pruebas, como podría ser como en este caso la prueba biológica que durante el proceso anterior no se pudo realizar ante la negativa del progenitor.  

Se permite que se ejerciten nuevas acciones basadas «en pruebas o hechos sólo previstos en la legislación nueva», como acontece con las pruebas biológicas y ello entendemos que es plausible en casos en que la filiación no matrimonial venía determinada por otra sentencia.

Pueden ejercitarse nuevas acciones de filiación que se funden en pruebas o hechos sólo previstos en la legislación nueva, es decir en las pruebas biológicas. Esto acontece en el caso que nos ocupa con las pruebas biológicas actuales no previstas en aquellos años, por ello entendemos que no cabría oponerse a la tramitación de una demanda de filiación cuando existen pruebas con alto reconocimiento científico, y eso ocurre cuando existe una prueba de ADN con un porcentaje superior al 95%.

Sin embargo, a pesar de la normativa española cuando se intentan invocar dichos preceptos ante los tribunales, estos son reacciones a su aplicación y por ello, no llevan a cabo la reapertura de dichos procedimientos estableciendo la doctrina de la cosa juzgada. Como se ha demostrado, al existir una normativa tanto nacional como supranacional que regula la investigación y la determinación de la paternidad, al acudir a instancias superiores se puede conseguir la reapertura del proceso pero ello supondría una dilación innecesaria en la finalidad que se persigue.

Por esa razón,  se busca la modificación del art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  que se encarga de regular los supuestos que permiten una revisión de sentencias firmes mediante la inclusión de un nuevo apartado que  vendría a establecer como 5º supuesto:

``Cuando existiese una verdad científica indubitada, que provocase una modificación en el sentido del fallo´´,

para que este modo no tener la dilación indebida que supone acudir a la Primera Instancia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo ante una posible inadmisión de la demanda motivado en la potencial existencia de cosa juzgada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, ha defendido en multitud de ocasiones el derecho que tiene un niño a conocer quien es su padre, en base a The Children Act al determinar el derecho que tiene un hijo a conocer la identidad de su padre por encima de la normativa nacional.

 

Existen diversos casos en los que el derecho de un niño a conocer sus orígenes se encuentra por encima de la normativa nacional, e incluso se encuentra en una posición superior de las distintas normativas nacionales. Este valor se incrementa cuando existen altos indicios de un posible error en la determinación de la primera paternidad, y que deben ser demostradas mediante una prueba de ADN que no implica vulneración del sujeto. Sin embargo, como se recoge en la jurisprudencia europea, todas las normativas nacionales no contemplan la forma de obligar a un individuo a realizarse una prueba de ADN, pero si se establece que deben buscarse los medios para poder determinar el origen del niño.

 

En el caso Jaggi Vs Suiza el Tribunal reitera que el fundamento esencial del art. 8 de la Convención es la protección lo individual frente a interferencias arbitrarias de las autoridades publicas: se establece que ante la negativa de la toma de acciones, hay una positiva obligación inherente al respeto del ámbito privado y de la vida familiar. Es por ello, que debe establecerse un balance entre el interés general y el interés individual, y en ambos contextos el Estado debe tener un cierto margen de apreciación.

 

La Corte estableció que una persona buscando conocer la identidad de sus ascendentes tiene un interés vital, protegido por la Convención, en recibir la información necesaria para descubrir sobre un importante aspecto de su identidad personal. Y al mismo tiempo, debe ser que la protección de las terceras personas debe precluirse y ser obligados cuando no suponga un riesgo para la salud a realizar un análisis médico, incluido el de ADN.

 

El demandante ha mostrado un genuino interés en conocer la identidad de su padre, desde que comenzó con su búsqueda. Esta conducta implica sufrimiento mental y psicológico, incluso si no se encuentra medicamente testado. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con fecha 13/7/06 en la causa “Jäggi c. Suiza”, al habilitar un proceso para efectuar un análisis de ADN para determinar la filiación de una persona respecto de la cual ya se había rechazado en 1948 una acción de declaración de paternidad, afirmó que la protección de la seguridad jurídica no es suficiente por sí misma como argumento para privar al requirente de su derecho a conocer su ascendencia...

 

De igual forma, en el caso RL and Others VS Denmark, se alega una vulneración del art 8 The Children Act al determinar que `` La reapertura del caso se produjo debido a que nueva información y circunstancias habían permitido creer que quizás se cometió un error cuando se decidió registrar la paternidad y que si se hubiesen analizado mejor las circunstancias se habría obtenido otro resultado.´´

 

Es por ello, que E – el supuesto progenitor- apeló contra la decisión del Tribunal y determinó que no se sometería voluntariamente a una prueba de ADN, dado que nunca había tomado el rol de padre de los niños. Como existían dudas, el hombre que aparecía en el registro como padre de los niños decidió tomarse una prueba de ADN, dicha prueba fue negativa con un 0% de compatibilidad, por lo que se demostraba que él no era el padre de los niños.

 

Las reglas de la paternidad vienen desarrolladas en The Children Act, que establecen que el propósito de la paternidad es asegurar los mutuos derechos entre padre e hijo. En concreto, el efecto legal más importante es que el padre tiene el deber de mantener a un hijo, el derecho de preocuparse y cuidar el uno del otro, el hijo puede tomar el apellido del padre y tener la misma nacionalidad que el.

 

Los motivos para poder reabrir un caso no solo se basan en que se den una serie de circunstancias, como son la reapertura poco después de que nazca el niño ( art. 5 The Children Act) o por error en el registro de la paternidad, LA PRINCIPAL REGLA  PARA PODER REABRIR UN CASO EN QUE EXISTA UNA PROBABILIDAD DE QUE OTRO HOMBRE PUEDA SER EL PADRE DEL HIJO.

 

De la misma forma se establece en su art 22. ``Si la paternidad de un niño ha sido registrada, o establecida por desconocimiento o por sentencia, el proceso para poder reabrirlo es si la madre, el estado o el guardián del niño  están de acuerdo en solicitarlo.´` En su apartado segundo, se establece que ``la reapertura solo será permitida si se puede probar el balance de probabilidades de que otro hombre pueda ser el padre del niño´´.

 

Del mismo modo, el art. 25  establece que `` La reapertura de los procedimientos previstos en los artículos 23 y 24 podrá admitirse después de la expiración del plazo establecido por esas disposiciones si se pueden dar motivos excepcionales para no presentar la solicitud con anterioridad, si las circunstancias ponen de manifiesto que la reapertura del procedimiento es apropiada para un Grado, y si una revisión renovada de los procedimientos presumiblemente no implicará molestia material al niño. "

 

Cuando se vuelve a abrir un caso de paternidad, se deduce del art. 26, inciso 3, de la Ley de menores que el caso debe ser procesado de la misma manera que los casos en que no se registra la paternidad en relación con el nacimiento del niño. Si nadie ha reconocido la paternidad, la evidencia típicamente será proporcionada a través de declaraciones de partes, testigos y análisis de ADN forense. ´´

 

Finalmente, en el caso de Mikulic Vs Croatia se establece que `` La Corte consideró que LAS PERSONAS EN LA SITUACIÓN DE LA DEMANDANTE TENÍAN UN INTERÉS VITAL, PROTEGIDO POR LA CONVENCIÓN, EN RECIBIR LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DESCUBRIR LA VERDAD SOBRE UN ASPECTO IMPORTANTE DE SU IDENTIDAD PERSONAL. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la protección de terceros puede impedir que se vean obligados a ponerse a disposición para pruebas médicas de cualquier tipo, incluidas las pruebas de ADN.

Un sistema como el croata, que no tenía ningún medio para obligar al supuesto padre a cumplir una orden judicial para someterse a pruebas de ADN, podría en principio ser considerado compatible con el artículo 8. Sin embargo, el Tribunal consideró que, los intereses del individuo que busca el establecimiento de la paternidad deben ser asegurados cuando la paternidad no pudo establecerse mediante pruebas de ADN. La falta de una medida procesal para obligar al presunto padre a cumplir la orden judicial sólo era conforme con el principio de proporcionalidad si proporcionaba medios alternativos que permitían a una autoridad independiente determinar rápidamente la solicitud de paternidad. En el presente caso, la demandante no disponía de dicho procedimiento.

Además, al determinar una solicitud para establecer la paternidad, los tribunales debían tener en cuenta el principio básico de los intereses del niño. El Tribunal de Justicia declaró que el procedimiento disponible no establecía un justo equilibrio entre el derecho de la demandante a eliminar sin demora innecesaria su incertidumbre sobre su identidad personal y la de su supuesto padre a no someterse a pruebas de ADN. En consecuencia, la ineficacia de los tribunales había dejado a la demandante en una situación de incertidumbre prolongada en cuanto a su identidad personal. Había, en consecuencia, una violación del artículo 8 ... " 

En España, la policía científica comenzó a trabajar con muestras de ADN a principios de los noventa. Así pues, cuando se interpuso la primera demanda a comienzos de los noventa no existía un sistema fiable que permitiese determinar que mediante una prueba de ADN habría obtención de resultados 100% fiables. Sin embargo, en el transcurso de estas dos décadas, la sección de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y el Laboratorio del Servicio Central de Policía Científica están en condiciones de aplicar la compleja tecnología del ADN como método de identificación genética con plenas garantías de fiabilidad.

En todo caso, el contenido de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 13 mayo 1981, modificadora del Código Civil en materia de filiación, permite  que puedan ejercitarse nuevas acciones de filiación que se funden en pruebas o hechos solo previstos en esta legislación nueva, es decir en las pruebas biológicas.

 

Esto acontece en el caso que nos ocupa con las pruebas biológicas actuales no previstas en aquéllos años, por ello entendemos que no cabría la oposición a la tramitación de la demanda contra JULIO IGLESIAS, lo que se llama la cosa juzgada, o, lo que es lo mismo la prohibición de repetir un juicio , y la justicia debe permitir que el proceso nuevo con la prueba de ADN conseguida en Miami se lleve a cabo.

 

Como se ha reiterado, la principal finalidad de esta iniciativa popular, es conseguir que se contemple en la normativa nacional el valor científico que tiene una prueba de reconocido prestigio y fiabilidad como es una prueba de ADN. No es comprensible que en la sociedad actual, la ciencia y el derecho no se encuentre en el mismo camino y no solo eso, sino que la justicia en estos casos en vez de la justicia no se encargue de servir al ciudadano,  lo que consiga sea obstaculizar una realidad que es 100% fiable, esto es la relación existente entre dos individuos que comparte una compatibilidad del 99%.

 

En la actualidad, el valor de una prueba científica es reconocida en todos los sectores e incluso los propios ciudadanos saben, que ante una prueba de alta fiabilidad corroborada por un laboratorio tiene un valor casi absoluto. No es posible, que en la sociedad en la que nos encontramos esta verdad biológica no sea reconocida por el sistema de justicia y es por ello, por lo cual una reforma de la normativa es tan necesaria.



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