Equiparar la reserva del puesto de trabajo por Incapacidad Permanente

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En mi caso ya no sirve de nada, pero no puede seguir sucediendo esto.

Actualmente, cuando después de sobrepasar el tiempo máximo de incapacidad temporal se pasa a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, la legislación garantiza la reserva del puesto de trabajo por un máximo de dos años, en caso de que se prevea que pueda haber mejoría. Esto es así para las personas con un contrato de trabajo por cuenta ajena, regulado por el Estatuto de los Trabajadores.

La misma legislación mantiene la reserva del puesto de trabajo, en los casos del ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales de ámbito provincial o superior, por el tiempo que se desarrollen dichas funciones.

Las personas que están reguladas por el Estatuto Básico de Empleado Público también tienen garantizada la rehabilitación de la condición de funcionario, en el supuesto de ser declarados aptos para su trabajo.

Las personas que tenemos una incapacidad permanente no hemos optado libre y voluntariamente a esta situación. Una o varias patologías han sido evaluadas y calificadas, determinando nuestra condición y nuestro futuro.

En algunos casos, esta situación puede cambiar por mejoría o recuperación total, aunque ese proceso pueda prolongarse mucho más de los dos años de suspensión de contrato que se garantizan para estos casos, pudiendo resultar en que una revisión por mejoría nos declare aptos para continuar con la vida laboral, pero sin un puesto de trabajo al que regresar, por haber superado los dos años de suspensión de contrato de trabajo.

Cuando las patologías asociadas a una IP son susceptibles de mejorar o desaparecer, para poder continuar con la actividad laboral, la reserva del puesto de trabajo debería estar ligada también a esa situación, hasta que se determinara que dejara de existir esa posibilidad.

Es necesario cambiar la legislación vigente para equiparar esta situación a una excedencia forzosa y, al mismo tiempo, determinar aquellas situaciones que no sean susceptibles de revisión por mejoría, declarándolas “definitivas”.

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En mi caso, un desafortunado incidente me produjo una lesión medular y la rehabilitación no consiguió una recuperación completa, quedando distintas secuelas que fueron evaluadas y calificadas como una Incapacidad Permanente Absoluta, declarándose la revisión por posible mejoría al año del dictamen/resolución y, por tanto, con reserva del puesto de trabajo. Pasado ese año, en la nueva revisión, la calificación ha cambiado a Incapacidad Permanente Total, permitiendo la revisión de la misma pasado dos años más.

Aunque las probabilidades de recuperar mis capacidades sean muy remotas, sigue existiendo esa posibilidad a largo plazo. En cualquier caso, al establecerse la posible revisión después de dos años desde esta nueva resolución, sí podrá ser revisada por agravación o mejoría, pero han acabado, desde el mismo momento de esta nueva resolución, con la garantía que aún existía de reserva del puesto de trabajo por un año restante. En la práctica, me han arrebatado esa garantía que me quedaba hasta hace muy poco.

Imagino que habrá muchas más personas en situaciones similares, y que vivan con la sensación de que el esfuerzo que pueda invertirse en conseguir la recuperación puede conllevar la declaración de aptitud para el trabajo y, al mismo tiempo, la pérdida del puesto de trabajo.

Y fácilmente se tiene una percepción de desamparo, inseguridad, incertidumbre y ansiedad, especialmente cuando se tiene una edad por encima de los 50 años, puesto que la probabilidad de encontrar otro puesto de trabajo es inversamente proporcional a la edad en la que se encuentre.

Hoy en día, transcurridos ese máximo de dos años de reserva del puesto de trabajo, sólo queda una preferencia de entrada, pero ya habríamos perdido el puesto de trabajo con todos nuestros derechos consolidados. Según el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, sus artículos 2 y 3 establecen:

CAPÍTULO I

Empleo selectivo

Art. 2.

  1. Los trabajadores que hubieran cesado en la Empresa por habérseles reconocido una incapacidad permanente total o absoluta y después de haber recibido prestaciones de recuperación profesional hubieran recobrado su plena capacidad laboral, tendrán preferencia absoluta para su readmisión en la última Empresa en que trabajaron en la primera vacante que se produzca en su categoría o grupo profesional.
  2. Los trabajadores que hubieran cesado en la Empresa por habérseles reconocido una invalidez permanente y después de haber recibido las prestaciones de recuperación profesional continuaran afectos de una incapacidad permanente parcial, tendrán preferencia absoluta para su readmisión en la última Empresa en que trabajaron en la primera vacante que se produzca y que resulte adecuada a su capacidad laboral.
  3. Las readmisiones que lleven a efecto las Empresas, en los supuestos previstos en este artículo, darán derecho a reducciones del 50 por 100 de la cuota patronal de la Seguridad Social correspondiente a las contingencias comunes durante un período de dos años.

Art. 3.

  1. Los trabajadores que, con arreglo al artículo anterior tengan derecho a ser readmitidos, deberán comunicarlo a la Empresa, y a los representantes del personal, en el plazo de un mes, contado a partir de la declaración de aptitud por el organismo correspondiente. La Empresa deberá poner en conocimiento de los trabajadores que se encuentren en tal situación, las vacantes que existan de igual o inferior categoría, quedando liberada de su obligación desde el momento en que el trabajador rechace un puesto de trabajo de igual categoría a la que ostentaba en la Empresa o de categoría inferior si no hubiese obtenido la plena recuperación para su profesión habitual, que no implique cambio de residencia.
  2. Cuando la Empresa tenga varios Centros de trabajo y la vacante que exista implique cambio de residencia, el trabajador podrá optar entre ocuparla o esperar a que exista plaza en el Centro de trabajo donde tenga establecida su residencia. En el primer supuesto mantendrá su preferencia para ocupar la primera vacante de su categoría o grupo profesional que se produzca en el Centro de trabajo originario.

La regulación para las personas que están en ejercicio de cargo público representativo y el personal funcionario se recogen en los siguientes artículos de las respectivas legislaciones aplicables.

 El Artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en su punto 2 y 3 recoge lo siguiente:

Artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo.
  2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de incapacidad permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.

    3. En los supuestos de suspensión por ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el cargo o función.

Finalmente, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 68 establece:

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida.

Por todo ello, debe equipararse la garantía de reserva del puesto de trabajo, considerándose como una excedencia forzosa, adecuando los artículos 45 y 48 del Estatuto de los Trabajadores, dado que no hemos elegido voluntariamente sufrir las patologías que mantenemos, mientras el correspondiente órgano de evaluación considere que existe posibilidad de mejoría.

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