¿CUÁNTO VALE LA VIDA DE NUESTR@S NIÑ@S?

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Somos representantes de una asociación de padres y madres de un colegio de primaria del ayuntamiento de Salceda de Caselas de la provincia de Pontevedra, Anpa Altamira, como tal representamos a casi una totalidad de 600 alumnos y alumnas de edades entre los 5 y los 12 años.

En nuestro colegio, así como en muchos otros a nivel nacional (nos atreveríamos a decir que una gran mayoría), creemos, perdón SABEMOS, que se vulneran los derechos que tienen nuestros/as hijos/as con respecto a su seguridad y esto se hace ante el amparo de la ley.

El transporte escolar que es utilizado, y gestionado en este caso por la Xunta de Galicia, en nuestro colegio no dispone de cinturones de seguridad para el traslado diario de los/as menores de sus casas al colegio y viceversa.

Sabemos que, por supuesto, hay leyes que permiten esta situación a las empresas que realizan el servicio pero no creemos que sea ni adecuado ni justo para nuestros/as hijos/as, ¿Por qué se permite que haya niños/as que no lo lleven y según qué centros sí? ¿Hay niños/as de primera o de segunda?...

El resultado final es que si el autobús /autocar cumple unos requisitos de antigüedad no se le exige que ponga y/o lleve  los cinturones de seguridad, es decir, que se le suma a una mayor antigüedad del transporte (que siempre es en detrimento de la seguridad) la no exigencia de incorporar algún sistema de retención y como consecuencia una gran inseguridad para nuestros/as hijos/as.

Porque nosotros como padres y/o madres, como familias, entendemos que la seguridad de nuestros/as hijos/as es una cuestión puramente económica ni autobuses/autocares nuevos ni inversión en los que hay, es decir, como entes privados cada uno/a de nosotros/as hacemos una inversión en la seguridad de nuestros/as pequeños/as en adquirir el sistema de retención adecuado a su peso, edad,…diferentes a lo largo de la su vida y que para todos/as supone un esfuerzo que por supuesto es recompensado pero ¿Y a las empresas?, ¿De verdad es justo que esto sea así?

Creemos que leyes que respaldan semejante irresponsabilidad deberían ser modificadas y adaptadas a los avances que nos brindan los estudios y el avance de la sociedad actual.

¿Por qué como padres/madres tenemos que exigir algo tan importante como es la seguridad integral de la vida de nuestros/as hijos/as cuando debería ser algo que como Estado se debería exigir?

Resulta incoherente e inadmisible que se permita esta situación y que además entendemos y queremos dejar constancia que los únicos beneficiarios de esta situación son las empresas que gestionan estos servicios.

Además de recalcar e incidir en que para las familias estar dentro de la ley supone un gasto que, por supuesto, no se reclama pues nos parece fundamental para la seguridad de los/as menores, ya que para cada peso y/o edad corresponde un modelo diferente de retención que hay que cambiar varias veces a lo largo de la vida de nuestros/as pequeños/as.

 

¿Y para los autobuses escolares? ¿Por qué no se les exige la colocación de sistemas de retención adecuados a los/as usuarios/as que trasladan? ¿No es justo que a unas empresas que sacan beneficio de un servicio también se les exija ciertas modificaciones si así lo necesitan? ¿Por qué se permite la vigencia de una ley que hoy en día es tan contradictoria y perjudicial para los/as niños/as? ¿Por qué se entiende que la única razón que hay es puramente económica?

Creemos (sabemos) que es de justicia que nuestros/as hijos/as vayan seguros sea cual sea el coste.

¿CUÁNTO VALE LA VIDA DE NUESTR@S NIÑ@S?

 



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